Investigan posible contubernio entre operadores de casetas y bandas delictivas
Oaxaca — Usuarios, colectivos y autoridades locales llaman la atención sobre un patrón preocupante en varias plazas de cobro: presuntos acuerdos entre personal de casetas y delincuentes que facilitarían robo y extorsión en carreteras. Según reportes de El Imparcial de Oaxaca, crece la exigencia de que el personal de plazas de peaje de alto riesgo sea rotado de manera obligatoria para evitar vínculos y proteger tanto a trabajadoras y trabajadores como a las personas que transitan.
La sospecha parte de denuncias ciudadanas y de familiares de empleados, que señalan que en tramos con alta incidencia delictiva se repiten modalidades en las que ladrones parecen conocer horarios, turnos y protocolos. Ese conocimiento interno, sostienen, puede ser aprovechado para planear asaltos o retirar vigilancia en momentos clave.
Representantes locales, organizaciones civiles y algunos trabajadores consultados por El Imparcial de Oaxaca coinciden en dos puntos: la necesidad de rotación obligatoria en casetas catalogadas como de “alto riesgo” y la implementación urgente de medidas adicionales de control, como auditorías periódicas, cámaras funcionales en cabinas y registros más estrictos de acceso al personal.
La rotación periódica busca romper redes de confianza que se consolidan con el tiempo, como cuando en una comunidad se conoce la rutina de quien cobra el peaje. Pensemos en ello como cambiar las piezas de un mecanismo para que no se formen engranajes que favorezcan la corrupción.
Desde el ámbito institucional, fuentes consultadas señalan que hay investigaciones en curso y revisiones administrativas, aunque piden prudencia hasta contar con pruebas que confirmen o descarten el contubernio. Para quienes pagan peaje, la incertidumbre es tangible: temen por su seguridad y por el destino de los recursos recaudados.
Las propuestas concretas que han surgido incluyen la rotación obligatoria por períodos cortos en casetas de alto riesgo, programas de capacitación en prevención del delito para el personal, mejor iluminación y vigilancia en accesos, y colaboración más estrecha entre autoridades de seguridad, administradores de carreteras y sindicatos.
Este problema no solo afecta a quienes trabajan en las casetas: erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad vial y en la administración de recursos públicos. Por ello, especialistas y activistas piden transparencia en las investigaciones y la publicación de medidas correctivas claras.
Mientras se esclarecen responsabilidades, la recomendación para usuarias y usuarios es mantener la precaución en tramos señalados como conflictivos, reportar anomalías a las autoridades correspondientes y exigir información pública sobre los resultados de auditorías y cambios operativos. El avance vendrá si la sociedad acompaña con vigilancia y las autoridades responden con medidas que prioricen la seguridad y la justicia.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca
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