ONG y partidos exigen aclarar la presunta muerte de un preso político y responsabilizan al régimen

Organizaciones defensoras de derechos humanos y partidos políticos pidieron una investigación imparcial tras la denuncia por la muerte de Torres Fernández, y reclamaron la liberación de todos los presos políticos.

Caracas. Organizaciones como Foro Penal y PROVEA, junto a partidos de la oposición, responsabilizaron al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez por la presunta muerte del detenido identificado como Torres Fernández y exigieron respuestas claras sobre las condiciones en que se encontraba.

En comunicados públicos y declaraciones a medios, las agrupaciones señalaron que la familia y representantes legales fueron informados de manera limitada sobre lo ocurrido. “Demandamos una investigación independiente, la entrega inmediata del cuerpo para una autopsia imparcial y la liberación de los presos políticos que hoy siguen en detención”, dijo una fuente de Foro Penal.

Los denunciantes expresaron preocupación por las condiciones de detención en centros donde permanecen internos por motivos políticos, y recordaron que la opacidad en los procesos y el acceso restringido de defensores y organismos internacionales dificulta la verificación de hechos. PROVEA destacó la necesidad de mecanismos que garanticen la verdad y la reparación para las víctimas y sus familias.

Parientes de Torres Fernández, según las organizaciones, reclaman información sobre la hora y causa del deceso y aseguran que no tuvieron acceso oportuno a la documentación médica ni a los trámites necesarios. Desde las filas de partidos como Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, los dirigentes sumaron su voz para pedir que se esclarezcan responsabilidades y se acelere la liberación de quienes consideran presos por razones políticas.

La denuncia llega en un momento en que defensores de derechos humanos insisten en que la situación de los detenidos por motivos políticos sigue siendo un tema de tensión y repercusiones sociales. “No se trata solo de nombres; se trata de familias que viven con incertidumbre y de una sociedad que exige justicia”, comentó un activista vinculado a las organizaciones firmantes.

Hasta el cierre de esta nota no hubo una versión oficial detallada por parte de las autoridades sobre la investigación interna ni sobre el estado de las diligencias forenses. Las organizaciones anunciaron que presentarán solicitudes formales ante instancias nacionales e internacionales para exigir transparencia y seguimiento del caso.

Además de pedir la investigación del caso específico, los colectivos reclamaron políticas públicas que aseguren condiciones dignas de detención, acceso a salud para las personas privadas de libertad y garantías procesales para evitar detenciones arbitrarias. “Esto no es un asunto aislado; es una señal de alerta sobre cómo se trata a quienes disienten en el país”, afirmó un representante de PROVEA.

La repercusión del caso ha activado redes de solidaridad y llamados a la sociedad para acompañar a las familias. Organizaciones civiles invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada y a exigir que las instituciones actúen con transparencia y respeto a los derechos humanos.

Seguiremos el caso para informar sobre cualquier pronunciamiento oficial, los resultados de las investigaciones y las medidas que tomen las autoridades y los organismos de derechos humanos.

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