Acusan a personal de casetas de connivencia con delincuentes y piden rotación obligatoria
Denuncias de usuarios y transportistas ponen el foco en plazas de peaje de alto riesgo; piden medidas inmediatas para proteger a la ciudadanía.
Denuncias que circulan entre conductores y recorridos de transporte señalan una posible colusión entre empleados de casetas y grupos delictivos en carreteras de la región. Según reportes publicados por El Imparcial de Oaxaca, usuarios han señalado patrones de extorsión y apoyo logístico que comprometerían la seguridad en tramos con mayor incidencia delictiva.
Quienes transitan estas vías relatan incidentes repetidos: cobros fuera de tarifa, avisos anticipados de vehículos con mercancía valiosa y, en algunos casos, apertura deliberada de plumas para facilitar el paso de automóviles sospechosos. Un transportista consultado que pidió anonimato dijo que se vive «como si hubiera un semáforo que avisa a los ladrones cuándo pasar».
La exigencia más frecuente entre comunidades y gremios es la rotación obligatoria del personal en plazas de cobro consideradas de alto riesgo. La idea es simple: cambiar a los trabajadores con frecuencia reduce la posibilidad de que se establezcan relaciones de confianza con delincuentes y dificulta la creación de redes de complicidad.
Además de la rotación, las voces ciudadanas y algunas organizaciones de transportistas proponen controles de confianza, auditorías externas periódicas, mejora en los mecanismos de supervisión por parte de las concesionarias y la instalación de cámaras con almacenamiento descentralizado. Todo esto, dicen, debe acompañarse de canales de denuncia seguros para quienes detecten irregularidades.
Hasta ahora no hay en el espacio público un comunicado oficial que confirme investigaciones formales abiertas por parte de la Fiscalía General del Estado ni respuestas públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre estos señalamientos en la zona. En ese vacío, la gente recurre a la prensa local y a organismos civiles para visibilizar el problema.
El impacto es directo: además del riesgo a la seguridad, la percepción de impunidad encarece el transporte de mercancías y obliga a rutas alternas que alargan viajes y aumentan el costo de productos. Para comunidades pequeñas y comercios locales, eso se traduce en menos mercado y más gastos.
Desde un enfoque práctico, especialistas en gestión pública que revisan estos casos sugieren medidas combinadas: rotación obligatoria, salarios dignos y supervisión independiente. Sin condiciones laborales adecuadas y un sistema de control que incluya a usuarios, concesionarias y autoridades, los incentivos para la corrupción siguen presentes.
Este caso obliga a una pregunta que trasciende a las plazas: ¿cómo reforzar la confianza entre la ciudadanía, las empresas concesionarias y las autoridades para que las carreteras sean un servicio público seguro? La respuesta requiere transparencia, rendición de cuentas y participación comunitaria.
Mientras tanto, delegaciones locales, transportistas y organizaciones civiles preparan propuestas concretas para entregar a las autoridades estatales. La ciudadanía puede ayudar informando irregularidades y respaldando reformas que obliguen a la rotación y a controles más estrictos en las casetas. Esa participación no sólo cuida el bolsillo, también protege vidas.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca.
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