Comunidades exigen investigar la presa mujer solteca por presuntas irregularidades
La petición fue presentada en los últimos días y la Comisión Ambiental del T-MEC confirmó que recibió la denuncia.
Vecinos, organizaciones sociales y autoridades locales han puesto en el centro del debate a la presa conocida como Mujer Solteca, luego de que en los últimos días se presentara una petición ante la Comisión Ambiental del T-MEC que, según El Imparcial de Oaxaca, denuncia posibles violaciones a la ley en el proceso de construcción y operación del embalse.
La notificación de recepción por parte de la Comisión Ambiental del T-MEC marca el primer paso formal. Los promotores de la queja plantean dudas sobre permisos, consultas a comunidades afectadas y el impacto ambiental y social en la cuenca. Para quienes viven cerca, la presa no es sólo una obra: es agua, parcelas y modos de vida que podrían verse alterados.
“Queremos claridad y que se respeten nuestros derechos”, dicen representantes comunitarios, que solicitan mayor participación y transparencia en las decisiones. En términos prácticos, una investigación podría revisar la validez de los permisos ambientales, los estudios de impacto y la forma en que se consultó —o no— a las comunidades indígenas y ejidatarias.
Por su parte, fuentes consultadas por El Imparcial de Oaxaca señalan que las autoridades responsables aún no han emitido una respuesta pública amplia sobre las acusaciones. La Comisión Ambiental del T-MEC ahora evaluará si la petición cumple los requisitos para abrir un procedimiento más detallado.
¿Qué está en juego? Más allá de las posibles sanciones administrativas, está la confianza en las instituciones que regulan proyectos hídricos, y el derecho de la gente a participar en decisiones que afectan sus tierras y su agua. En regiones como esta, una presa puede significar oportunidades —riego, energía, empleo— pero también riesgos si no se atienden las demandas sociales y ambientales.
Desde un enfoque constructivo, organizaciones civiles piden mecanismos de diálogo: auditorías independientes, acceso público a los estudios técnicos y un calendario claro para la participación comunitaria. La verificación imparcial de documentos y la consulta informada podrían ser el puente entre el desarrollo y la protección de derechos.
Este caso es también una oportunidad para que autoridades locales, empresas y ciudadanía recuperen confianza mediante transparencia y acciones concretas. Mientras la Comisión Ambiental del T-MEC decide los pasos siguientes, la expectativa en las comunidades es simple: que la ley y la justicia ambiental se traduzcan en decisiones que protejan su territorio y su futuro.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca.
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