Asesinan a Alejandro Leyva en Oaxaca; exigen investigar posible vínculo con su trabajo
Oaxaca. El homicidio del periodista Alejandro Leyva encendió nuevamente las alarmas entre colectivos y medios locales, que pidieron una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía General de la República si existen elementos para atraer el caso. Organizaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) exigieron que se agoten todas las líneas de indagación, incluida la relacionada con su actividad periodística.
Familiares, colegas y organizaciones civiles describen el asesinato como un golpe que va más allá de una pérdida personal: es un atentado contra el derecho a la información en comunidades que ya viven con miedo. «Cuando se calla a un informador, se fractura la confianza de la gente en que sus problemas se puedan contar y resolver», dijo a este medio una fuente cercana al gremio.
Las demandas son claras y directas: que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca abra una investigación transparente y multidimensional, que se garantice la cadena de custodia de pruebas, y que, si hay elementos, la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el expediente para fortalecer la pesquisa. Artículo 19 ha señalado en comunicados previos que la identificación temprana del móvil es clave para reducir la impunidad, una enfermedad persistente en los crímenes contra la prensa en México.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa problemas estructurales: amenazas sin seguimiento, protección insuficiente para periodistas locales y una resolución de casos que suele tardar años o quedar sin responsables. La violencia contra la prensa no solo silencia voces; también deja a comunidades enteras sin un canal para denunciar corrupción, inseguridad o abusos que les afectan en lo cotidiano.
Desde una mirada práctica, los colectivos piden medidas inmediatas: protección para la familia y colegas de Leyva, acceso a la investigación para observadores independientes y la priorización de líneas de indagación relacionadas con su labor informativa. Además, reclaman que las autoridades atiendan el contexto social donde ocurrió el crimen, porque entender el entorno es entender posibles motivos y responsables.
Para la sociedad, la noticia es una llamada a la acción. No se trata solo de números o comunicados; hay personas y familias que requieren verdad y justicia. Como recuerdan organizaciones como el CPJ, garantizar la seguridad de periodistas es garantizar el derecho colectivo a estar informados.
En los próximos días, las peticiones apuntan a obtener dos respuestas concretas: avance claro en la investigación por parte de la Fiscalía estatal y una decisión sobre la posible atracción del caso por la FGR. Mientras tanto, el gremio periodístico de Oaxaca y las organizaciones defensoras mantendrán la vigilancia para que la muerte de Alejandro Leyva no quede en la lista más de lo mismo.
Fuentes: Artículo 19; Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); comunicado de organizaciones de periodistas en Oaxaca.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por Aristegui Noticias .