Familia de Leyva denuncia estancamiento en investigación de su asesinato
La familia del periodista asesinado hace dos meses y medio, Leyva, acusó este jueves que no ha habido avances significativos en las indagatorias, a pesar de que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República. En declaraciones recogidas por El Imparcial de Oaxaca, los parientes calificaron de nulo el progreso y pidieron que la investigación recupere la ruta de la verdad y la justicia.
“No tenemos respuestas claras, solo promesas”, dijo un familiar, que exigió protección y transparencia. La versión de la familia coincide con denuncias de colegas y organizaciones civiles que alertan sobre un entorno crecientemente peligroso para los periodistas en Oaxaca.
El caso fue atraído por la FGR con el argumento de garantizar una investigación federal, pero, según la familia y fuentes locales citadas por El Imparcial de Oaxaca, las diligencias no han arrojado resultados públicos ni líneas firmes sobre posibles responsables o móviles. Para quienes conocen el expediente, la lentitud erosiona la confianza ciudadana y deja a la familia en una situación de indefensión.
Periodistas y colectivos piden que las autoridades combinen investigación criminal con medidas de protección, investigación de posibles vínculos con autoridades locales y atención psicológica y legal a la familia. “Exigimos que no quede en la impunidad”, expresó un colega del desaparecido, subrayando la importancia de investigar el contexto laboral y las amenazas previas.
La persistente inseguridad para comunicadores en la región obliga a mirar el problema más allá del caso individual: reduce el flujo de información, desalienta la cobertura de temas sensibles y afecta el derecho de la sociedad a estar informada. Organizaciones defensores de la libertad de expresión han pedido a la FGR y a autoridades estatales que rindan cuentas y aceleren las acciones.
Mientras la investigación avanza a paso lento, la familia de Leyva reclama diligencia, transparencia y medidas concretas que eviten que su caso se convierta en otro archivo cerrado sin responsables. El reclamo social apunta a reforzar mecanismos que permitan investigar ataques a periodistas con perspectiva de género, derechos humanos y rendición de cuentas.
La situación también plantea una pregunta para la ciudadanía: ¿quién vigila a quienes investigan? La respuesta pasa por exigir procesos claros, accesibles y responsables. La familia espera que la voz colectiva se traduzca en acciones reales que devuelvan confianza y aseguren que el crimen no quede en la impunidad.
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