Proyecto para sancionar a deudores fugados queda en la congeladora
Por un periodista joven
Un proyecto de decreto que propone penas más severas para quienes abandonen el país para evadir deudas quedó “embodegado” y fue enviado a la Comisión Permanente del Congreso, según reporta El Imparcial de Oaxaca. La medida, que busca endurecer sanciones contra deudores que se fugan al extranjero, ahora entra a un proceso que podría retrasar su discusión por meses.
En términos simples, el cambio planteado pretende convertir la salida del país con el fin de eludir obligaciones económicas en un agravante que aumentaría sanciones penales o administrativas. Queda por definirse en qué casos aplicaría, cómo se probaría la intención de evadir y si existirán mecanismos para proteger a personas que migran por razones laborales o de riesgo.
Esta pausa legislativa tiene efectos concretos: por un lado, los acreedores y empresas ven una posibilidad de mayor recuperación; por otro, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advierten sobre el riesgo de criminalizar a migrantes y de generar conflictos con normas internacionales. Además, la ejecución de sanciones transnacionales presenta retos prácticos —desde la falta de acuerdos de cooperación hasta los costos de procesos judiciales fuera del país.
La Comisión Permanente actúa cuando el Congreso está en receso y puede recibir iniciativas para su análisis o turnarlas a comisiones específicas. En la práctica, que una iniciativa quede allí muchas veces significa que se congela su avance hasta que exista consenso político o presión pública suficiente para retomarla.
Especialistas consultados en diversos espacios han planteado preguntas que aún no tienen respuesta clara: ¿se impondrían penas privativas de libertad por deudas civiles? ¿cómo se distinguiría el fraude o la intención de eludir de la simple emigración por falta de oportunidades? ¿habrá salvaguardas para deudores vulnerables, como quienes dependen de remesas familiares?
Desde una perspectiva social, endurecer sanciones sin políticas que atiendan las raíces del problema —empleo formal, acceso al crédito responsable, educación financiera— puede ser como poner una curita en una herida que pide tratamiento integral. La política pública efectiva debería combinar medidas para recuperar activos con programas que eviten que las personas se vean forzadas a migrar por desesperación económica.
Mientras la iniciativa permanece en la Comisión Permanente, queda abierta la ventana para que la sociedad civil, académicos y legisladores discutan alternativas que equilibren la protección de los acreedores con los derechos de quienes migran. Un debate público informado puede ayudar a diseñar soluciones más justas y viables, en lugar de respuestas punitivas que terminen afectando a familias y comunidades.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca
