Pide Pen al gobierno anular restricciones del Impi sobre libro de Gloria Trevi
Ciudad de México. El organismo internacional PEN expresó su preocupación por la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra el libro Todo a la luz, de la escritora y activista Karla de la Cuesta, y exigió que el gobierno levante las restricciones que, en su opinión, son incompatibles con la libertad de expresión.
En un comunicado, PEN Internacional advirtió que “el uso de instituciones estatales para impedir la circulación de un libro que documenta asuntos de interés público socava la libertad editorial y el derecho de la sociedad a acceder a la información”. El señalamiento coloca al IMPI en el centro de un debate que toca la línea entre la protección de derechos y la censura indirecta.
La resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según el propio IMPI, impone medidas que limitan la distribución del libro y su acceso en ciertos canales comerciales. Para PEN, esas restricciones no sólo afectan a la autora, sino a la ciudadanía que busca información sobre temas de interés público. El organismo pidió al gobierno federal aclaraciones y la revocación de cualquier medida que restrinja la circulación editorial.
¿Por qué importa? El IMPI es la autoridad que regula derechos de propiedad industrial y de marcas, no es una instancia tradicionalmente vinculada con la censura de contenidos. Cuando una institución así actúa sobre la circulación de libros, se abre una discusión sobre procedimientos, garantías y la protección de la libertad de prensa. Para lectores y ciudadanas, la consecuencia tangible es simple: menos acceso a testimonios, investigaciones y testimonios que pueden ayudar a entender fenómenos culturales y sociales.
La autora Karla de la Cuesta ha sido identificada en redes sociales y por organizaciones civiles como una voz crítica y documentadora de casos vinculados a la industria del entretenimiento. Hasta el cierre de esta nota, PEN Internacional demandó medidas claras del gobierno para evitar que mecanismos administrativos sean usados para limitar la circulación editorial.
El caso también pone sobre la mesa soluciones institucionales. Abogados consultados en casos similares señalan que las vías legales incluyen recursos administrativos y, en su caso, acciones judiciales para proteger la libertad de expresión y el derecho a la información. PEN apunta además a una necesidad más amplia: revisar reglas y prácticas para que autoridades con facultades técnicas no terminen decidiendo sobre el contenido informativo sin las debidas garantías procesales.
Para la sociedad, la disputa es un recordatorio: la protección de la cultura y el acceso a la información dependen tanto de normativas claras como de la vigilancia ciudadana. Organizaciones civiles y colectivos de escritores han manifestado históricamente su disposición a acompañar a autores cuando consideran que se ponen en riesgo libertades básicas.
En el cierre del comunicado, PEN Internacional hizo un llamado explícito al gobierno mexicano para que “garantice el derecho a la libre circulación de ideas y ponga en marcha mecanismos que eviten el uso de instituciones estatales para restringir la libre edición y difusión de obras”. La petición busca no sólo revertir una medida puntual, sino fortalecer el marco que protege la vida cultural y el debate público.
Este diario continuará la cobertura para documentar las respuestas del IMPI, de la Secretaría correspondiente y de la editorial involucrada. Mientras tanto, el llamado de PEN pone en claro una premisa: el acceso a información sobre figuras públicas y fenómenos de interés social es una pieza clave de la democracia y no debe depender de interpretaciones administrativas que limiten su circulación.
Fuente: comunicado de PEN Internacional y la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
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