Organismos internacionales exigen levantar restricciones al libro sobre Gloria Trevi
Ciudad de México. Una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que limita la circulación del libro Todo a la luz, de la escritora y activista Karla de la Cuesta, encendió las alarmas entre organizaciones de defensa de la libertad de expresión. PEN Internacional expresó su preocupación y exigió que se retiren las medidas que, a su juicio, son incompatibles con el derecho a informar y a ser informados.
“El uso de instituciones estatales para impedir la circulación de un libro que documenta asuntos de interés público socava la libertad editorial y el derecho de la sociedad a acceder a la información”, dijo PEN Internacional en su comunicado, en el que también pide transparencia en el proceso y el respeto a los principios de pluralismo y crítica pública.
La obra de Karla de la Cuesta aborda episodios vinculados con la cantante Gloria Trevi, figura pública cuya vida y trayectoria han sido objeto de atención mediática y judicial. La decisión del IMPI —según la resolución difundida por la propia institución— impone restricciones que afectan la venta y distribución del libro por presuntas infracciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual o protección de datos. Sin embargo, para organizaciones de derechos humanos y editoriales, la medida parece desproporcionada frente al interés público que representa la investigación periodística y literaria.
Este caso pone en tensión dos pilares: por un lado, la protección de derechos privados como la reputación y la propiedad intelectual; por el otro, la libertad de expresión y el derecho colectivo a acceder a información sobre figuras y hechos de interés público. Jurisprudencia nacional e internacional suele exigir un equilibrio, favoreciendo la circulación de información veraz que contribuya al debate público, salvo en situaciones de daño probado y proporcional.
En México, la intervención de agencias estatales para limitar contenidos ha sido motivo de controversia en varias ocasiones. Expertos consultados por este diario recuerdan que cuando el Estado actúa como juez y censor se corre el riesgo de generar un efecto escalera: una medida puntual puede convertirse en precedente que intimide a escritores, periodistas y editoriales. Esa “enfriada” del debate público es lo que preocupa a grupos como PEN Internacional y a distintas voces del ámbito cultural.
La editorial y la autora tienen derecho a agotar recursos legales para impugnar la resolución del IMPI. Al mismo tiempo, organizaciones civiles piden que las autoridades actúen con cautela y que cualquier restricción venga acompañada de explicaciones públicas claras, pruebas y un control judicial efectivo. En muchos casos, el recurso más sano para dirimir estas controversias es la vía judicial independiente, donde se pueda ponderar el interés público frente a los derechos privados.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que, hasta la publicación de esta nota, no había un pronunciamiento oficial de la Secretaría de Cultura ni del propio IMPI más allá de la resolución técnica. PEN Internacional y otras voces han convocado a la sociedad civil y al gremio editorial a seguir el caso de cerca y a exigir salvaguardas para la libertad editorial.
Para la ciudadanía, el episodio tiene implicaciones concretas: limita la posibilidad de acceder a relatos que complejizan la versión pública de acontecimientos conocidos; reduce la diversidad de voces en el mercado editorial; y envía una señal a creadores y periodistas de que la investigación crítica puede enfrentar obstáculos administrativos. Es, en palabras sencillas, como cerrar una ventana cuando lo que necesitamos es aire para discutir temas que afectan a la comunidad.
¿Qué sigue? El camino legal puede pasar por apelaciones administrativas y, eventualmente, recursos ante tribunales. También es posible que la presión pública y la movilización de organizaciones de derechos humanos y culturales contribuyan a que se revoquen las medidas. Mientras tanto, el caso funciona como un llamado de atención: la protección de la libertad de expresión requiere vigilancia ciudadana y mecanismos claros que eviten la instrumentalización de instituciones públicas contra la información de interés público.
Este medio continuará siguiendo el caso y destacará los desarrollos, las decisiones judiciales y las reacciones institucionales. La discusión no es sólo sobre un libro: es sobre el derecho de todos a conocer y debatir hechos que afectan a la vida pública en México. Según PEN Internacional, levantar las restricciones sería un paso para reconectar la ley con ese principio básico.
Reportó para este periódico: joven periodista en Ciudad de México. Fuentes consultadas: resolución del IMPI y comunicado de PEN Internacional.
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