Pen exige que se levanten las restricciones al libro sobre Gloria Trevi
Ciudad de México. El organismo PEN Internacional cuestionó con dureza una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que, según denuncia, limita la circulación del libro Todo a la luz, de la escritora y activista Karla de la Cuesta. La organización señaló que las medidas son incompatibles con la libertad de expresión y pidió a las autoridades que reviertan las restricciones.
En un comunicado, PEN Internacional afirmó: «El uso de instituciones estatales para impedir la circulación de un libro que documenta asuntos de interés público socava la libertad editorial y el derecho de la sociedad a acceder a la información». Esa frase resume la preocupación central: que un mecanismo administrativo pueda funcionar como freno a la investigación y la memoria pública.
La controversia gira alrededor de la resolución emitida por el IMPI relacionada con derechos que, según la instancia, afectan la publicación. El caso involucra además a la figura pública de Gloria Trevi, cuya trayectoria y conflictos han sido objeto de reportajes y libros durante años. Para PEN Internacional y varios especialistas en libertad de expresión, el uso de una decisión administrativa para limitar un libro tiene efectos de ejemplaridad: puede disuadir a editoriales, periodistas y activistas de abordar temas incómodos.
Las implicaciones son concretas y cercanas: cuando una autoridad suspende o condiciona la venta de una obra, no solo se afecta a la autora y la editorial, también se priva a lectores y comunidades del acceso a información relevante para la vida pública. En países con democracias imperfectas, los mecanismos formales suelen terminar siendo atajos para evitar el escrutinio.
Karla de la Cuesta, autora de Todo a la luz, ha defendido que su trabajo documenta hechos de interés público y que cualquier disputa sobre derechos debe resolverse sin cerrar la posibilidad de debate. Diversos actores culturales y defensores de la libertad de expresión han coincidido en pedir transparencia sobre los motivos de la resolución y en reclamar que, si hay controversias legales, se resuelvan en tribunales respetando el principio de máxima difusión.
El IMPI, como autoridad responsable de asuntos de propiedad industrial, tiene la obligación de explicar el alcance de su resolución y garantizar que sus actuaciones no restrinjan garantías constitucionales. La tensión entre protección de derechos y censura estatal exige claridad: ¿se trata de una protección legítima de un derecho o de un uso desproporcionado del poder administrativo para evitar la circulación de información?
Desde una postura constructiva, PEN Internacional propone que las instituciones revisen sus procedimientos y que se establezcan salvaguardas que prioricen el acceso a la información en asuntos de interés público. También plantea que el diálogo entre autoridades, autoras y editoriales sea público y que las decisiones se acompañen de argumentos jurídicos claros, para evitar la sensación de arbitrariedad.
Este episodio abre preguntas más amplias para la sociedad mexicana: cómo proteger la reputación de personas sin limitar el escrutinio público, qué papel deben jugar las instituciones en la economía de la palabra y cómo garantizar que el acceso a la cultura y a la memoria no quede a merced de resoluciones opacas. La solución no pasa por cerrar archivos, sino por fortalecer procesos que equilibren derechos y transparencia.
Mientras tanto, PEN Internacional mantiene la vigilancia y exige el levantamiento de las restricciones. Queda en manos del IMPI aclarar su postura y, si procede, corregir el curso. Para la comunidad cultural y los lectores, la petición es clara: preservar el derecho a estar informados y a debatir libremente los hechos que construyen nuestra historia común.
Fuentes: PEN Internacional, IMPI, declaraciones de la autora Karla de la Cuesta.
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