Senadora frena empuje presidencial y exige encuesta para dirimir la candidatura en Juárez
Ciudad de México.— La disputa por la candidatura en Ciudad Juárez escaló esta semana cuando una senadora del mismo espacio político bloqueó un intento de imponer a la aspirante respaldada desde la Presidencia y exigió que la decisión se tome mediante una encuesta abierta, informaron fuentes periodísticas.
Según reportes de La Jornada, la legisladora afirmó estar convencida de que, en una medición real, superaría a Cruz Pérez Cuéllar, el otro contendiente por la plaza. Su exigencia revela que, más allá de negociaciones entre cúpulas, existe resistencia interna a decisiones verticales que pueden afectar la percepción de democracia interna y la cohesión del proyecto político en la frontera.
La tensión en Juárez llega en un momento complicado para el partido: problemas organizativos y resultados adversos en Sonora y Baja California Sur han encendido alertas internas, apunta La Jornada. Esos tropiezos explican por qué la dirigencia nacional intenta acelerar apoyos que algunos cuadros locales consideran contraproducentes.
La senadora, dijeron allegados a su equipo, sostiene que la mejor manera de definir candidaturas es con números y legitimidad: una encuesta que mida intención de voto y pulse la aceptación entre la ciudadanía de Juárez. Para ella, imponer candidaturas desde arriba sería como construir un puente sin consultar a quienes lo van a cruzar: puede terminar desconectado de la realidad local.
Para la gente de Juárez, esta pugna no es solo una disputa de nombres. Tiene efectos concretos: la definición de la candidatura influye en la estrategia de campañas, la asignación de recursos y la capacidad de enfrentar problemas locales como seguridad, servicios públicos y empleo. Votantes y organizaciones comunitarias observan si las decisiones responden a prioridades ciudadanas o a acuerdos partidistas.
Analistas consultados por La Jornada señalan que insistir en encuestas públicas puede reducir el costo político de una imposición y mejorar la percepción de transparencia. Sin embargo, también advierten que las mediciones internas mal manejadas pueden profundizar fracturas si no se acuerdan reglas claras y plazos precisos.
En términos prácticos, la senadora plantea tres exigencias: una encuesta con metodología transparente, observación externa y compromiso de aceptar los resultados. El cumplimiento de esas condiciones definirá si la disputa se resuelve por la vía de la legitimidad o si, por el contrario, el conflicto escala y se traslada a la campaña.
Mientras tanto, en Sonora y Baja California Sur continúan las revisiones internas para entender por qué no se alcanzaron los objetivos esperados. Para muchos cuadros locales, la lección es clara: la imagen desde la Ciudad de México no siempre coincide con las prioridades de los estados, y forzar candidaturas puede costar más que lo que aparenta ganar a corto plazo.
La resolución en Juárez marcará un ejemplo sobre cómo se equilibran respaldos presidenciales y demandas locales en el proceso electoral. De fondo queda la pregunta que ciudadanos y militantes deberían hacerse: ¿quién decide y con qué reglas? La respuesta, por ahora, la dará una encuesta pedida por la propia aspirante y vigilada por quienes quieren contar con procesos claros y participación ciudadana.
Fuente: La Jornada.
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