Alerta de la ONU por presunto uso excesivo de la fuerza en protesta por el agua en Jalisco
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió este lunes una alerta tras denuncias de presunto abuso policial durante una manifestación en Jalisco en defensa del acceso al agua. Gina Romero, portavoz de la oficina, pidió además a las autoridades abstenerse de discursos estigmatizadores contra quienes ejercen sus libertades fundamentales.
Según el comunicado de la ONU, hay reportes que señalan detenciones y uso de fuerza para dispersar a personas que protestaban por cortes de suministro y por la gestión de proyectos hídricos en zonas urbanas y rurales del estado. La ACNUDH urgió a que se realicen investigaciones prontas, independientes e imparciales para determinar responsabilidades y garantizar el derecho a la verdad y a la reparación.
Para vecinos y vecinas, la protesta no es solo una pelea política: es la tensión diaria de quedarse sin agua para cocinar, lavar o beber. El reclamo se conecta directamente con la vida cotidiana, y la respuesta de seguridad pública, según la ONU, podría profundizar la desconfianza entre comunidades e instituciones.
Gina Romero subrayó la necesidad de proteger el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y advirtió sobre el efecto disuasorio de campañas públicas que etiqueten a manifestantes como delincuentes. La recomendación incluye medidas para prevenir violencia, capacitar a cuerpos policiales en protocolos de respeto a derechos humanos y garantizar atención médica a personas lesionadas.
Organizaciones sociales y colectivos locales han pedido transparencia sobre las acciones policiales y acceso a los expedientes que deriven de posibles detenciones. La exigencia de la comunidad es clara: que las autoridades expliquen por qué se tomó la decisión de intervenir y que se garantice el acceso al agua como un derecho básico.
La ACNUDH también recordó a las autoridades estatales la obligación de priorizar soluciones administrativas y políticas al conflicto por el agua, que incluyan un diálogo abierto con los habitantes afectados. Hasta el cierre de esta nota, no se registraba una respuesta pública detallada de la Fiscalía o del gobierno de Jalisco sobre las investigaciones solicitadas por la ONU.
Esta alerta plantea preguntas que van más allá de un episodio puntual: cómo se manejan los recursos hídricos, quién decide sobre su distribución y de qué manera el Estado protege tanto la seguridad pública como las libertades civiles. La recomendación internacional es clara: investigar, reparar y evitar que la gestión del agua sea causa de más confrontación.
Por Alejandro Martínez, corresponsal
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