Exigen a la Onu atención urgente ante más de 130 mil desapariciones en México
Familiares y colectivos llaman a no mirar a otro lado mientras la cifra oficial supera los 130 mil casos.
Ciudad de México.— Familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles y organismos internacionales elevaron en los últimos días un llamado a la Onu para que ponga en el centro de la agenda mundial la crisis de desapariciones en México. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a febrero de 2026 la cifra supera los 130 mil casos.
El reclamo viene acompañado de denuncias sobre la lentitud en las búsquedas, la falta de recursos para los colectivos que rastrean fosas y la insuficiente coordinación entre fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado patrones que, dicen, requieren medidas urgentes y supervisión internacional para garantizar la investigación y reparación a las víctimas.
“No pedimos que vengan a resolver todo, pedimos que no nos dejen solas”, explicó una mujer que busca a su hijo desde hace años y pidió mantener su nombre en reserva. Su voz resume el cansancio de cientos de familias que, además de la pérdida, enfrentan trámites, dilaciones y agresiones en su búsqueda.
Las organizaciones señalan medidas concretas que esperan de la comunidad internacional y del Estado mexicano: mayor apoyo técnico y financiero a las búsquedas, acceso independiente a archivos y bases de datos, protección para buscadoras y testigos, y mecanismos de verificación que impidan la impunidad. La petición a la Onu no es solo simbólica, explican, sino una exigencia para activar mecanismos de cooperación y vigilancia.
En respuesta, autoridades federales han destacado avances en la creación de unidades especiales y en la instalación de laboratorios forenses, pero los colectivos y organismos internacionales piden que esos avances se traduzcan en resultados medibles: más personas localizadas, identificadas y con justicia para sus familias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía han reconocido rezagos, pero las familias reclaman plazos claros y responsabilidades explícitas.
La crisis de las desapariciones golpea la vida cotidiana: barrios que viven con miedo, padres que suspenden actividades por no saber dónde está su hijo, jóvenes que no pueden planear su futuro. Convertir datos en políticas públicas eficaces exige voluntad política sostenida, recursos transparentes y la participación activa de las comunidades afectadas.
Organizaciones civiles invitan a la sociedad a informarse y participar: acompañar búsquedas, presionar por presupuestos para servicios forenses y apoyar a colectivos. “No es un problema lejano; es de justicia y de dignidad”, concluyen representantes de Amnistía Internacional y de los colectivos de búsqueda citados por este periódico.
Fuentes: RNPDNO, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, colectivas y familiares de personas desaparecidas, Fiscalía General de la República.
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