Oaxaca, segundo lugar nacional en trabajo infantil; solo chiapas lo supera
Hasta el 2025, uno de cada cinco infantes y adolescentes ejercía el trabajo infantil. Esa cifra, difundida por el Inegi, pinta una realidad que golpea a hogares y comunidades: niños y adolescentes que dejan la escuela o compaginan estudio y trabajo para ayudar a la economía familiar.
Los datos del Inegi colocan a Oaxaca como el segundo estado con mayor proporción de menores que realizan actividades económicas. Solo chiapas muestra una tasa mayor, de acuerdo con el mismo reporte. La mayor presencia de trabajo infantil se concentra en zonas rurales y en sectores como la agricultura, el comercio informal y las labores domésticas, ámbitos donde la regulación y la protección son más débiles.
¿Qué significa esto para la vida cotidiana? Significa menos tiempo para aprender, mayor riesgo de accidentes y explotación, y un ciclo que refuerza la pobreza intergeneracional. Para muchas familias, el trabajo de hijos e hijas es una estrategia de supervivencia cuando los ingresos son insuficientes o los servicios sociales no alcanzan.
Las causas son múltiples: la precariedad económica, la falta de acceso a guarderías y educación de calidad, la informalidad laboral de los padres y la limitada inspección de centros de trabajo. Según especialistas consultados en diversos estudios, sin apoyo económico a los hogares y sin alternativas educativas motivadoras, es difícil romper esta dinámica.
Hay señales de avance cuando las políticas públicas combinan transferencias económicas condicionadas, programas de educación integral y acciones locales de prevención. En varios estados donde se fortalecieron apoyos a las familias y se mejoró la oferta escolar en comunidades rurales, se observó una reducción del trabajo infantil. Sin embargo, los datos del Inegi muestran que aún queda mucho por hacer en Oaxaca.
La respuesta debe ser colectiva. El gobierno federal y las autoridades estatales tienen la responsabilidad de coordinar esfuerzos: ampliar la cobertura de programas de bienestar, fortalecer la vigilancia laboral y garantizar que la educación sea atractiva y flexible para quienes corren riesgo de abandonar la escuela. Pero la comunidad también juega un papel clave: organizaciones civiles, sindicatos, escuelas y centros de salud deben identificar casos y ofrecer alternativas concretas.
Para quienes trabajan en políticas públicas y para la ciudadanía, el mensaje es claro: los números del Inegi no son una estadística fría, son vidas que se juegan su infancia. Atender el problema implica invertir en educación, bienestar y protección laboral hoy, para que mañana menos niñas y niños tengan que renunciar a serlo.
Reporte basado en datos del Inegi.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
