Oaxaca deja la postal: ya está entre los ocho estados con más homicidios
Oaxaca perdió la apariencia de paz que muchos le atribuían. Entre enero y septiembre de 2026 el estado acumuló 619 víctimas por homicidio, cifra que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública consultados por El Imparcial de Oaxaca, supera en 54% la media nacional y ubica a la entidad dentro del top ocho a nivel país.
Detrás de los números hay barrios que dejan de sentirse seguros, familias que modifican sus rutinas y comerciantes que ven caer a los clientes. Vecinos de la capital cuentan que ahora evitan salir tarde y que la mirada a la calle ya no es la misma. Esa sensación choca con la postal turística que se vende de playas, mezcal y festivales: la violencia se filtra en lo cotidiano.
Las cifras oficiales muestran un problema complejo. No se trata solo de un aumento puntual: expertos en seguridad consultados por este medio coinciden en que la combinación de disputas entre grupos delictivos, debilidades en la investigación ministerial y carencias en prevención social explican parte del repunte. Además, la impunidad sigue siendo un factor que alimenta la repetición del delito.
Las autoridades estatales han anunciado operativos y mesas de coordinación con instancias federales, pero, en opinión de académicos y organizaciones civiles, esas medidas deben ir acompañadas de políticas de largo plazo: fortalecimiento de la Fiscalía, capacitación y dignificación de las policías municipales, programas de prevención dirigidos a jóvenes en riesgo y mayor inversión en empleo y educación en las regiones más afectadas.
El Imparcial de Oaxaca informó que el desafío también es político y social: recuperar la confianza y construir mecanismos de control ciudadano será tan importante como las acciones de seguridad. La respuesta estatal y federal en los próximos meses será clave para frenar la tendencia.
Si bien reconocer el problema no soluciona de inmediato la violencia, exigir transparencia en las estadísticas, evaluar resultados de los operativos y apoyar iniciativas comunitarias de prevención puede marcar la diferencia. La paz de postal necesita, más que postales, políticas públicas con presupuesto, participación ciudadana y justicia efectiva.
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