Plazas de jubilados PAAE serían reasignadas a “aviadores” del IEEPO, acusan a Montero
Oaxaca. Según una investigación de El Imparcial de Oaxaca, existen denuncias sobre la presunta entrega de plazas del PAAE que pertenecían a personal jubilado a personas sin actividad laboral comprobable —conocidas como “aviadores”— vinculadas al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Se estima que algunas de esas plazas tienen salarios que superan los 30 mil pesos mensuales.
La denuncia apunta a decisiones administrativas que, de confirmarse, implicarían un traslado de recursos públicos destinados a personal de apoyo y asistencia a la educación hacia trabajadores que no realizan labores efectivas. El PAAE agrupa plazas de intendencia, apoyo administrativo y mantenimiento en escuelas; cuando estas plazas están ocupadas por jubilados, en teoría están liberadas por derecho y deberían seguir procedimientos claros para su reasignación.
Para quienes alertan sobre este caso, la preocupación no es solo económica. Señalan que permitir “aviadores” en nómina erosiona la capacidad de atender necesidades básicas en planteles: limpieza, seguridad, mantenimiento y apoyo en trámites administrativos. Además, se cuestiona la transparencia en el proceso de asignación y la falta de controles que detecten irregularidades en el pago de salarios.
El Imparcial de Oaxaca recoge estimaciones donde algunas plazas alcanzarían sueldos superiores a los 30 mil pesos mensuales, cifra que alimenta el reclamo social por el uso indebido de fondos públicos en una entidad donde la inversión educativa y las condiciones de muchas escuelas siguen siendo precarías.
Voceros de organizaciones magisteriales y de colectivos de jubilados han exigido a las autoridades competentes una investigación clara y expedita. Entre las demandas están la auditoría de las nóminas del IEEPO, la revisión de las reasignaciones de plazas PAAE y la sanción a quien resulte responsable en caso de comprobarse anomalías.
Desde una perspectiva ciudadana, el asunto toca dos puntos sensibles: la protección de los derechos de las y los trabajadores jubilados y la correcta destinación de recursos públicos para mejorar la educación. Si plazas que deberían servir a la operatividad de las escuelas se destinan a percepciones indebidas, la calidad del servicio educativo se resiente y la confianza en las instituciones se deteriora.
En este contexto, resulta imprescindible que la autoridad transparente los criterios de reasignación y publique resultados de auditorías internas o externas. La sociedad y las comunidades escolares merecen saber cómo y por qué se asignan plazas y quiénes las ocupan.
Mientras tanto, especialistas y actores sociales consultados por medios locales recomiendan medidas inmediatas: suspensión de pagos a personal cuya relación laboral no esté debidamente documentada, revisión de expedientes y la apertura de canales para que jubilados y docentes denuncien casos sin represalias.
El caso apenas comienza a documentarse públicamente y la versión de la administración señalada debe ser escuchada para completar el cuadro. Lo que está claro, según El Imparcial de Oaxaca, es la existencia de indicios que ameritan una investigación seria. La educación pública no puede permitirse fugas de recursos ni opacidad administrativa; la ciudadanía debe exigir claridad y resultados.
¿Qué sigue? Exigir a las autoridades competentes que informen: dar a conocer auditorías y expedientes, transparentar criterios de asignación de plazas PAAE y, si se confirman irregularidades, sancionar conforme a la ley. Para las comunidades escolares y jubilados, la prioridad es recuperar la plena operación de los servicios educativos y la seguridad de que los recursos se destinan a lo que realmente importa: la educación de niñas, niños y jóvenes de Oaxaca.
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