Fiscalía cita a militares por fallas en resguardo de narcolaboratorio en Chihuahua
Chihuahua. La Fiscalía General de la República (FGR) llamó a declarar a efectivos militares tras detectar irregularidades en el aseguramiento de un narcolaboratorio en Chihuahua, entre ellas la falta de cadena de custodia de las pruebas, informó la propia dependencia.
Según la FGR, el lugar quedó abierto y las sustancias ilícitas no fueron resguardadas correctamente por las autoridades locales, un vacío que complica la investigación y puede poner en riesgo la validez de las pruebas. La cadena de custodia funciona como un relevo: si la evidencia no pasa de mano en mano con registro y seguridad, pierde peso ante un juez.
Ante las citaciones, Ulises Lara declaró que los militares «solo custodiaron» el área. Esa versión plantea un punto central: qué entendimiento tenían las fuerzas armadas y las corporaciones estatales sobre responsabilidades y límites operativos en el sitio. La FGR, según su comunicado, busca precisar los hechos y la contribución de cada actor a la supuesta vulneración del debido proceso.
La falta de resguardo no es un detalle menor. Además de abrir la puerta a impugnaciones legales, erosiona la confianza de la ciudadanía en la capacidad de las instituciones para combatir al crimen sin dañar el proceso judicial. Para las familias y las comunidades afectadas, significa incertidumbre sobre si quienes cometieron delitos podrán ser efectivamente sancionados.
Especialistas en procuración de justicia consultados por este medio recuerdan que la coordinación entre autoridades es clave: cada dependencia debe conocer su papel en un aseguramiento. Cuando eso falla, la investigación se vuelve más lenta y la impunidad puede encontrar resquicios. La FGR ha anunciado que integrará las declaraciones y peritajes necesarios para determinar responsabilidades.
Más allá de la investigación, el episodio subraya la necesidad de protocolos claros y auditorías independientes que garanticen la cadena de custodia en operativos complejos. También abre una oportunidad para que la Secretaría de la Defensa Nacional y las fiscalías estatales y federales aclaren procedimientos y refuercen la capacitación en manejo de evidencia.
La resolución de este caso marcará un precedente: si la FGR logra acreditar las omisiones y seguir adelante con imputaciones, será un llamado a corregir fallas operativas. Si no, la ciudadanía quedará ante la pregunta de por qué pruebas clave no pudieron sostenerse en juicio. La Fiscalía General de la República continuará con las diligencias y este medio seguirá el caso para informar de avances y decisiones.
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