San Cristóbal se moviliza por seguridad y justicia tras la muerte del sacerdote tsotsil
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Miles de indígenas tsotsiles y tzotziles salieron a las calles para exigir justicia tras el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, y para denunciar la presencia de bandas armadas que, dicen, han crecido en las periferias de sus comunidades. La protesta, según reportes de La Jornada y datos oficiales de la Fiscalía de Chiapas, fue masiva y cargada de reclamos concretos: seguridad, investigación clara y garantías para la vida comunitaria.
“Nos quitaron la paz”, dijo una mujer de la comunidad en un cruce cercano al centro de la ciudad. La sensación de inseguridad no es abstracta: familias relatan cambios en la rutina diaria, miedo a transitar por la noche y la pérdida de confianza en que las autoridades locales puedan controlar a grupos armados que, según vecinos, se desplazan con impunidad.
La Fiscalía estatal confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el homicidio del sacerdote, y anunció operativos puntuales. Sin embargo, líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que las respuestas hasta ahora son insuficientes. “No queremos solo patrullas; necesitamos investigación seria y programas que atiendan las causas: pobreza, abandono y falta de oportunidades”, explicó un representante indígena durante la marcha, en declaraciones recogidas por La Jornada.
El asesinato de Marcelo Pérez Pérez, figura respetada entre los tsotsiles, pone sobre la mesa un debate mayor: la seguridad en zonas indígenas y el respeto a la autonomía comunitaria. En Chiapas, las comunidades han sido históricamente custodias de territorios y tradiciones; cuando la violencia irrumpe, el tejido social se tensa. Organizaciones locales piden además medidas de protección para defensores, sacerdotes y autoridades tradicionales que han recibido amenazas.
Frente a la crisis, la exigencia es doble: que las instituciones investiguen con celeridad y transparencia, y que se diseñen políticas públicas de largo plazo que recuperen la confianza. Propuestas que circulan entre los marchantes incluyen la creación de mesas de diálogo con participación comunitaria, fortalecimiento de las fiscalías locales y programas de desarrollo con enfoque cultural y lingüístico.
Este conflicto no solo es un asunto de seguridad: es una pregunta sobre qué tipo de Estado queremos. Desde San Cristóbal se reclama justicia por un crimen que conmociona, pero también medidas que reparen el tejido social. Como informó La Jornada, las movilizaciones continuarán hasta obtener respuestas claras; mientras tanto la Fiscalía mantiene la investigación en curso.
Seguiremos documentando los avances de la investigación y las demandas de las comunidades.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por Aristegui Noticias .
