Oaxaca ya no es refugio: ocupa el octavo lugar nacional en homicidios
Entre enero y septiembre de 2026 registró 619 víctimas de asesinato, 54% por encima de la media nacional, según el SESNSP.
La imagen turística de Oaxaca como un «oasis» en el sur del país choca con los números: el estado figura entre los ocho con más homicidios en el país. De enero a septiembre de 2026 se contabilizaron 619 víctimas de asesinato, una cifra que, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), supera en 54% la media nacional.
Detrás de ese número hay familias que no duermen, mercados con menos clientes y comunidades donde la violencia golpea la vida cotidiana. Una vecina de la capital, que pidió mantener el anonimato, dijo que ya no pasea con su hijo por las tardes como antes: «La ciudad cambió; uno ya no confía». Ese cambio se siente en las calles y en la economía local, y las cifras lo confirman.
Especialistas consultados y el cruce de estadísticas de la propia Fiscalía General de Oaxaca y del SESNSP apuntan a varios factores que explican el repunte: presencia de células delictivas, conflictos locales por tierras y recursos, así como deficiencias en la investigación que alimentan la percepción de impunidad. Estos elementos se combinan con problemas estructurales como la pobreza y la falta de oportunidades, factores que, según estudios de instituciones como el INEGI, correlacionan con mayores niveles de violencia.
Las autoridades estatales han implementado operativos y mesas de coordinación, pero los residentes y organizaciones civiles señalan que la estrategia debe abarcar más allá de la seguridad reactiva. La prevención, la fortalecimiento de la investigación forense, la profesionalización policial y las políticas sociales centradas en juventud y empleo aparecen como demandas recurrentes.
La realidad exige un enfoque integral: justicia efectiva para las víctimas, programas de prevención que lleguen a las comunidades y una política pública que combine seguridad con educación, salud y cultura. Iniciativas de bienestar social y participación ciudadana —desde proyectos comunitarios hasta comités vecinales de prevención— pueden reducir la vulnerabilidad de barrios y municipios.
Es necesario también mayor transparencia en las cifras y resultados. El SESNSP ofrece un panorama numérico, pero la interpretación local requiere datos desagregados por municipio, relación con delitos vinculados al crimen organizado y tiempos de judicialización. Sin esa información es difícil evaluar qué funciona y qué hace falta mejorar.
Oaxaca enfrenta así una doble tarea: recuperar la convivencia cotidiana y transformar las condiciones que generan violencia. Eso implica presupuesto público orientado a prevención, fortalecer a las instituciones de procuración de justicia y apoyar programas sociales que inviertan en oportunidades. La solución no es sólo más policías en las calles; es una política pública sostenida que devuelva seguridad y esperanza a las familias.
La comunidad tiene un papel clave: denunciar, participar en propuestas locales y exigir resultados claros a las autoridades. La combinación de demandas ciudadanas, políticas públicas con visión social y una fiscalía eficaz puede cambiar la trayectoria de las cifras. Por ahora, las 619 víctimas y el lugar en el ranking nacional dejan claro que el discurso del «oasis» no coincide con la vida de muchos oaxaqueños.
Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
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