Condena histórica a ‘el mayo’ zambada por 15 mil mdd
Por un corresponsal en Ciudad de México
El juez federal Brian M. Cogan dictó sentencia contra Ismael «El Mayo» Zambada después de que el capo admitiera su responsabilidad como líder del Cártel de Sinaloa, y aceptara, como parte de un acuerdo de culpabilidad, la entrega de bienes por 15 mil millones de dólares. Así lo reportó Reuters, que tuvo acceso a documentos judiciales y a la notificación del tribunal.
La cifra, que por su magnitud equivale a una bolsa de recursos que podría transformar municipios enteros, abre preguntas prácticas: ¿cómo se identifican y recuperan activos dispersos en múltiples países? ¿llegarán esos recursos a las víctimas del crimen organizado o se quedarán en procesos legales y bancarios interminables? Expertos consultados por Reuters advierten que la incautación en papel es sólo el primer paso; el proceso real de decomiso y repartición suele ser largo y técnico.
Para la gente en comunidades afectadas por la violencia del narcotráfico, el fallo tiene un significado simbólico y concreto. Simbólico, porque reconoce la magnitud del daño económico y social que generó una red criminal; concreto, porque si se aplican políticas públicas claras, parte de esos bienes podría destinarse a reparación a víctimas, inversión en seguridad comunitaria, salud y educación. En este punto la sociedad necesita vigilancia: sin transparencia, los recursos corren el riesgo de diluirse en trámites.
El acuerdo también plantea dudas sobre la rendición de cuentas en México. ¿El decomiso reforzará la justicia para víctimas y familias o servirá para atajar déficits presupuestarios sin cambios estructurales? Organizaciones sociales y académicos consideran esencial que el gobierno federal y las autoridades judiciales presenten un plan público y con participación ciudadana para el destino de los fondos.
Desde un ángulo más amplio, la sentencia recuerda que el combate al crimen organizado no es sólo cuestión de capturas y juicios: es política pública de largo aliento. Invertir en educación, empleo, salud mental y desarrollo local reduce la oferta y la demanda de violencia como forma de vida. Si los 15 mil millones se usan en programas integrales, podrían convertirse en una palanca real para reconstruir tejido social en zonas golpeadas por la delincuencia.
El fallo de Cogan y el acuerdo con Zambada no terminan el capítulo. Habrá apelaciones, litigios internacionales y la tarea técnica de trazar bienes en paraísos financieros y en economías locales. Mientras tanto, la ciudadanía debe seguir exigiendo transparencia y participación. Como apuntó Reuters, los documentos judiciales son un primer rastro; la efectividad del decomiso se medirá en resultados para las comunidades.
Fuente: Reuters
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