Maru campos exige a Sheinbaum aclarar presuntos lazos de Rocha Moya con el crimen organizado
Exige transparencia en la estrategia de seguridad; Ariadna Montiel respondió que la gobernadora de Chihuahua «promueve» la intervención extranjera, según El Universal
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, puso el foco sobre el gobierno federal y en particular sobre Claudia Sheinbaum al demandar que se aclare la actuación del Ejecutivo frente a presuntos vínculos entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y grupos delictivos. La petición, planteada en un pronunciamiento público, busca respuestas concretas sobre la coordinación en seguridad y las investigaciones pendientes, según reportes de Reforma.
Campos dijo que la omisión o la falta de información pública genera incertidumbre en la ciudadanía, que ve cómo la violencia y la impunidad afectan la vida cotidiana: negocios que cierran, familias que se mudan, escuelas con miedo. «La gente necesita hechos, no discursos», sentenció, según El Universal.
En respuesta, la diputada Ariadna Montiel arremetió contra la gobernadora de Chihuahua y la acusó de «promover» la intervención extranjera para desestabilizar gobiernos locales, apuntó El Universal. La réplica subraya la tensión entre actores locales y federales y abre un debate sobre hasta dónde debe llegar la fiscalización política sin poner en riesgo la cooperación en seguridad.
Especialistas consultados por Reforma coinciden en que las confrontaciones públicas entre gobernadores y el Ejecutivo complican la operatividad de las fuerzas de seguridad y distraen recursos que podrían dirigirse a investigaciones y prevención. Para la ciudadanía, el principal riesgo es práctico: menos resultados en reducción de delitos y mayor percepción de inseguridad.
En este escenario, organizaciones civiles y representantes locales piden transparencia: que las investigaciones avancen, que las autoridades presenten pruebas y que se eviten señalamientos que no se sustenten. El llamado es doble y claro, según El Universal y Reforma: a la gobernadora y al gobierno federal les corresponde ofrecer claridad y a la sociedad exigir rendición de cuentas.
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