Jara refrenda protección a periodistas en Oaxaca; ¿basta con afiliarlos al IMSS?
Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de junio de 2026.
En el marco de la conmemoración por el Día del Periodista, Salomón Jara Cruz reafirmó el compromiso de su gobierno para proteger a las y los comunicadores y fortalecer sus derechos laborales. El Gobierno de Oaxaca anunció que la entidad figura entre las primeras del país en impulsar la incorporación de periodistas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una medida que, en palabras oficiales, busca garantizar acceso a salud y prestaciones.
La noticia cayó como un alivio para quienes día a día cubren sucesos en calles y comunidades. El acceso al IMSS deriva en servicios médicos, incapacidades y aportaciones para pensión, beneficios que muchos periodistas independientes no tienen. El anuncio del Ejecutivo estatal, difundido por el propio Gobierno de Oaxaca, subraya la intención de formalizar la protección social para este sector.
Sin embargo, expertos y periodistas consultados advierten que la afiliación al IMSS es apenas una pieza del rompecabezas. “Es importante, pero no resuelve la raíz del problema: la precariedad laboral y la amenaza constante de violencia e impunidad”, dijo una reportera de la capital que prefirió guardar anonimato. Organizaciones como Article 19 han señalado repetidamente que en México la violencia contra la prensa no solo es física sino económica y estructural.
Para entender el alcance hay que distinguir dos frentes. Por un lado está la seguridad física y jurídica. México cuenta con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a nivel federal, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado la necesidad de estrategias preventivas, investigación eficaz y sanciones que terminen con la impunidad. Por otro lado está la protección social y los derechos laborales: salud, seguridad social y contratos formales que permitan acceso real a prestaciones.
Afiliar a periodistas al IMSS ofrece beneficios palpables, pero enfrenta retos prácticos. Muchos periodistas trabajan como freelancers, reciben honorarios o contratos por servicio, y no siempre existe un patrón que haga las aportaciones correspondientes. La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Trabajo del estado tendrán que definir mecanismos claros de registro, financiamiento y fiscalización para que la afiliación no quede en una promesa burocrática.
Además, la protección frente a amenazas exige más que seguridad social. Las medidas deben incluir protocolos de prevención, rutas de denuncia accesibles, acompañamiento legal, capacitación en seguridad digital y protección económica para quien sufra ataques que limiten su trabajo. Sin investigación y sentencia, cualquier “blindaje” corre el riesgo de ser solo un paraguas con agujeros, según especialistas consultados por este diario.
El Gobierno de Oaxaca señaló que trabajará coordinado con el IMSS y con organizaciones civiles para implementar la afiliación. Quedan pendientes preguntas clave: quién costeará las cuotas cuando no exista patrón claro, cómo se evitará que la afiliación dependa del favor político y qué garantías habrá para proteger la libertad de información y la integridad de los periodistas.
La sociedad también tiene un papel: exigir transparencia en la aplicación de los programas, apoyar a los reporteros locales y acompañar las iniciativas que no sean solo simbólicas. La prensa libre no solo necesita cobertura médica, necesita condiciones laborales dignas y una justicia que responda cuando la violencia silencia voces.
En resumen, la iniciativa de Salomón Jara Cruz y el impulso para incorporar a periodistas al IMSS son pasos positivos reconocidos por organismos como Article 19 y la CNDH cuando se les consulta sobre la necesidad de medidas integrales. Pero para que la promesa se convierta en derechos efectivos harán falta regulaciones claras, presupuesto, mecanismos anticorrupción y acciones concretas contra la impunidad. Si faltan esos elementos, la protección seguirá siendo a medias.
Fuente: Gobierno de Oaxaca, Instituto Mexicano del Seguro Social, Article 19, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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