Familias de Ayotzinapa acampan frente a la Suprema Corte para exigir investigación sobre 17 normalistas
Esta semana los parientes reclamaron que autoridades federales confirmaron la presencia de 17 estudiantes en celdas municipales la noche de su desaparición
Ciudad de México. Esta semana familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se plantaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir respuestas urgentes sobre una línea de investigación que, dicen, no ha sido investigada a fondo.
Según declaró Melitón Ortega, tío del estudiante Mauricio Ortega, autoridades federales les ratificaron información sobre la presencia de 17 de los normalistas en las celdas de la Policía Municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Esa versión, apuntan los familiares, merece una investigación exhaustiva porque cambiaría la ruta de los hechos conocida hasta ahora.
La protesta —relatada por los propios familiares y por organizaciones de derechos humanos presentes— fue una mezcla de reclamo y recordatorio: carpas y mantas frente al edificio de la Corte, voces que pedían verdad y justicia, y la insistencia en que ninguna investigación puede dejar cabos sueltos. Los parientes exigieron a la Fiscalía General de la República que abra líneas claras de indagación sobre las custodias municipales, bitácoras, registros de detención y posibles testimonios que permitan verificar esa presencia de 17 estudiantes.
El caso de los 43 marcó a una generación y puso en evidencia fallas institucionales profundas: impunidad, manipulación de evidencias y falta de coordinación entre niveles de gobierno. Por eso los familiares demandan no solo respuestas puntuales, sino mecanismos de supervisión que garanticen transparencia en las investigaciones y reparación integral para las víctimas. «No vamos a permitir que nos sigan dando versiones parciales», dijo Melitón Ortega, en representación de las familias.
La movilización frente a la Suprema Corte tiene también un objetivo jurídico: presionar para que el sistema judicial ejerza su papel de garante, obligue a las autoridades investigadoras a entregar información y evite que la investigación quede atada a intereses o errores que han marcado procesos anteriores. Los familiares piden acceso a expedientes, que se revisen las cadenas de custodia y que se escuche a testigos que puedan confirmar o descartar la presencia de normalistas en las celdas municipales.
Desde un enfoque ciudadano y de políticas públicas, el reclamo es claro: la falta de certezas afecta la confianza en las instituciones y dificulta la construcción de seguridad y justicia para la sociedad. Investigar esa línea sería, además, una prueba de que el Estado está dispuesto a revisar todas las hipótesis sin sesgos.
Las autoridades a quien corresponde responder, desde la Fiscalía General de la República hasta las instancias judiciales y de derechos humanos, enfrentan ahora la prueba de procesar evidencia con rigor y sin simulaciones. Para los familiares, la tarea es urgente: quieren saber qué pasó esa noche y que se actúe en consecuencia.
La protesta concluyó con un llamado a la solidaridad ciudadana y a la vigilancia: las familias convocaron a acompañar las próximas acciones y anunciaron que mantendrán la exigencia pública hasta obtener claridad. En este punto, la voz de Melitón Ortega y de quienes permanecen en la lucha resume la obligación del Estado: dar respuestas veraces y permitir que la justicia recupere la confianza de quienes han esperado más de una década.
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