Diputados reprueban agresiones en el congreso por pobladores de San Agustín Amatengo
La LXVI Legislatura exige investigación y medidas inmediatas tras los hechos que alteraron la sesión y pusieron en riesgo a servidores públicos
La LXVI Legislatura de Oaxaca condenó de manera enérgica las agresiones registradas este martes en el recinto legislativo por habitantes de San Agustín Amatengo, que, según reportó El Imparcial de Oaxaca, afectaron a la diputada Concepción Rueda Gómez, a la presidenta municipal Italivy Sarahí Juárez Ramírez y a personal del Congreso.
En un comunicado público, los integrantes del Legislativo calificaron los actos como un ataque a la función representativa y exigieron a las autoridades competentes que se realicen las investigaciones correspondientes para sancionar a quienes resulten responsables. La bancada señaló la necesidad de garantizar la seguridad de quienes ejercen cargos públicos y del propio recinto, donde se dirimen debates de interés colectivo.
Las agresiones interrumpieron actividades en el pleno y generaron tensión entre asistentes y trabajadores del Congreso. Fuentes consultadas por El Imparcial de Oaxaca indican que, además del hostigamiento verbal, hubo intentos de ingresar a zonas restringidas, lo que obligó a reforzar medidas de protección y a trasladar a las personas afectadas a un lugar seguro.
La LXVI Legislatura pidió también a las autoridades estatales y a la Fiscalía General del Estado abrir carpetas de investigación y coordinarse con instancias municipales para evitar la repetición de hechos que dañan el diálogo institucional. En el documento se subrayó que la protesta pacífica es legítima, pero que la violencia no puede ser método para resolver demandas ciudadanas.
Es importante recordar que San Agustín Amatengo ha enfrentado en distintas ocasiones tensiones sociales y conflictos por diversas causas; por ello, legisladores y actores locales hacen un llamado a privilegiar el diálogo, la mediación y la recuperación de canales institucionales para la resolución de controversias. Para muchos vecinos, el congreso debe ser un espacio abierto a la voz ciudadana, no un escenario de confrontación.
Desde una mirada ciudadana, estos episodios ponen sobre la mesa la necesidad de políticas públicas que atiendan las raíces del conflicto: acceso a la tierra, servicios básicos, transparencia en la gestión municipal y mecanismos efectivos de participación. Fortalecer esas soluciones evita que la ira se traduzca en daños a las instituciones que representan a la población.
La coyuntura exige respuestas claras: seguridad y protección para representantes y trabajadores, investigación puntual de los hechos y, sobre todo, rutas de diálogo que permitan canalizar las demandas de comunidades como San Agustín Amatengo sin recurrir a la violencia. Así lo planteó la LXVI Legislatura y así lo recogen los reportes de El Imparcial de Oaxaca, que dan cuenta del episodio y de la reacción institucional.
Mientras se esclarecen responsabilidades, ciudadanos y autoridades tienen la tarea de reconstruir confianza. Proteger el derecho a la protesta no debe implicar sacrificar la integridad de las personas ni el funcionamiento del congreso; de eso dependerá que la política recupere su capacidad para resolver problemas concretos en la vida diaria de la gente.
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