Oaxaca apuesta por un plan piloto ante la prórroga del Código familiar
Por un periodista oaxaqueño
La entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado en 2023 y prevista originalmente para el 1º de abril de 2027, fue aplazada hasta 2030. La razón oficial: problemas presupuestales, falta de tecnología y capacitación, además del calendario electoral. El aplazamiento, advierten juristas, no es un trámite administrativo más; afecta directamente a la vida cotidiana de las familias que enfrentan juicios por divorcio, pensiones, tutela o herencias.
Según reportes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que participaron en los Diálogos de Justicia Cotidiana desde 2015, los casos civiles y familiares representan cerca del 70% de la carga de trabajo en los tribunales. Ese volumen y la percepción ciudadana de un sistema lento y costoso fueron los detonantes del nuevo Código. Sin embargo, la prórroga abrió la puerta a distintas respuestas locales.
En Oaxaca se propuso un “Plan Piloto” liderado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos Díaz Carranza, y discutido en el foro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Avances y Coyunturas, realizado en el Teatro Macedonio Alcalá con la presencia del gobernador Salomón Jara y la presidenta del TSJ, Erika María Rodríguez. La iniciativa, que medios como El Imparcial de Oaxaca han seguido de cerca, plantea aplicar de forma gradual audiencias orales en regiones seleccionadas, mejorar la capacitación de personal judicial y de abogados, y dotar de tecnología a los juzgados antes de 2030.
La lógica detrás del plan es sencilla: si la implementación nacional se retrasa, mejor usar ese tiempo para ensayar el nuevo modelo en la práctica y corregir errores antes de escalarlo. Es, en palabras del ministro en retiro Juan Luis González Alcántara y Carrancá en El Heraldo de México, volver a las raíces federativas y aprovechar la experiencia local; recuerda que Oaxaca fue cuna de importantes tradiciones jurídicas en México.
Pese a la intención, hay obstáculos concretos. La falta de recursos puede frenar la compra de equipos y la formación; la elección judicial prevista en 2027 podría introducir cambios políticos en la conducción del proyecto y, como advirtió la prensa local, existe riesgo de que la prórroga termine siendo una excusa para mantener el statu quo. Incluso el senador Manlio Fabio Beltrones ha planteado en la Cámara Alta posponer la elección judicial, en un intento por dar estabilidad al proceso.
¿Qué significa esto para la gente? Significa que, si el plan piloto funciona, las audiencias podrían ser más rápidas, menos costosas y más centradas en soluciones concretas: custodias resueltas en plazos claros, ejecuciones de pensiones más ágiles, y menos largas filas legales para reclamar derechos. Si fracasa, la demora nacional seguirá traduciendo en trámites eternos y gastos que pesan en bolsillos de familias ya vulnerables.
La prórroga no tiene por qué ser sinónimo de retroceso. Pero para que se convierta en oportunidad se necesita transparencia en los recursos, formación efectiva del personal y la participación de la sociedad civil para evaluar resultados. El reto es grande, pero también lo es la posibilidad de transformar cómo se hace justicia en lo cotidiano.
Fuentes consultadas: El Imparcial de Oaxaca, CIDE, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, El Heraldo de México.
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