Jalisco impulsa centros de datos dentro de Plan México y desata críticas por impacto local
Guadalajara. El proyecto de centros de datos que forma parte del llamado Plan México para atraer relocalización de empresas internacionales recibió el respaldo oficial, pero también encendió alertas entre vecinos, ambientalistas y académicos sobre su impacto en el agua, la energía y el suelo agrícola.
Según un comunicado del Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Economía, la iniciativa busca posicionar al estado como polo tecnológico y captar inversión extranjera tras la reubicación de compañías globales. El argumento oficial, difundido por medios como El Financiero, es que los centros generarán empleos y modernizarán la oferta industrial local.
Sin embargo, organizaciones civiles y reportes de prensa —entre ellos El País y Expansión— han documentado inquietudes: los grandes centros de datos consumen mucha agua para refrigeración, requieren suministro eléctrico estable y suelen ocupar terrenos agrícolas o periurbanos. Vecinos de municipios convocados por colectivos ambientales como Greenpeace México y académicos de la Universidad de Guadalajara han cuestionado la transparencia de los estudios de impacto y las condiciones de los incentivos fiscales.
Para entender qué está en juego, piense en una nevera gigante que nunca deja de funcionar: esa enorme demanda energética y de agua puede competir con el uso doméstico y agrícola. En algunas comunidades entrevistadas por El Universal, ya se perciben preocupaciones por la presión al acuífero local y por la posible subida en tarifas eléctricas si la infraestructura se apoya en plantas privadas o contratos que beneficien a empresas antes que a residentes.
El gobierno estatal responde que los proyectos incluirán inversiones en infraestructura y acuerdos para asegurar el suministro sin afectar a la población. En la rueda de prensa citada por Gobierno de Jalisco, se afirmó que habrá mecanismos de monitoreo y beneficios como capacitación técnica para jóvenes locales. No obstante, activistas exigen ver los convenios completos y los estudios ambientales antes de aprobar tierras o permisos.
Además del debate ambiental, hay discusión sobre el reparto de beneficios. Analistas consultados por Proceso señalan que los incentivos fiscales y la concesión de terrenos deben acompañarse de cláusulas claras: creación de empleos bien remunerados, cumplimiento ambiental y reinversión en servicios públicos. Sin garantías, advierten, la inversión podría traducirse en lucro privado con beneficios limitados para la comunidad.
Lo que viene ahora es una fase decisiva: mesas de diálogo público-privadas prometidas por la Secretaría de Economía, revisión de los dictámenes ambientales y posible regulación estatal sobre uso del agua y consumo energético. La ciudadanía, dicen expertos y ONG citadas, debe exigir transparencia y participación real en esas mesas.
El reto es equilibrar la oportunidad económica que trae el Plan México con la protección de recursos básicos y la calidad de vida de quienes viven en las zonas propuestas. Como resume un académico entrevistado por La Jornada, «la inversión no puede llegar a costa de lo que mantiene viva a una comunidad».
¿Qué puede hacer la gente? Pedir copias públicas de los estudios de impacto, participar en las audiencias que convoquen autoridades y organizaciones civiles, y exigir cláusulas claras en los convenios que prioricen empleo local, cuidado del agua y transparencia en el uso de incentivos.
La promesa de desarrollo tecnológico está sobre la mesa; ahora toca convertirla en una oportunidad que no deje a nadie atrás.
