Ieepo pagó sueldos a operadores ligados a Montero y Quetu, revela investigación
Documentos muestran plazas con sueldo bruto de 17,559 pesos y el cargo recurrente de coordinador de proyectos y servicios culturales.
El Imparcial de Oaxaca difundió una investigación que pone bajo la lupa al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo): según el medio, el instituto destinó plazas y recursos para pagar a operadores políticos vinculados a Montero y Quetu. Entre los datos que circulan aparecen contratos con un salario bruto mensual de 17,559 pesos y el cargo repetido de coordinador de proyectos y servicios culturales.
Si lo confirmado por El Imparcial de Oaxaca se mantiene, estamos frente a una práctica que mezcla empleo institucional con redes políticas. Estos puestos con apariencia de programas culturales podrían, en la práctica, haberse utilizado para sostener estructuras de apoyo político, en lugar de fortalecer la oferta educativa y cultural para la población.
¿Por qué importa esto para la gente? Cuando plazas y presupuestos públicos se asignan por afinidad política y no por criterios técnicos, los proyectos culturales y educativos pierden continuidad y calidad. Menos recursos reales llegan a escuelas, talleres o comunidades indígenas que necesitan apoyo, y aumenta la desconfianza hacia las instituciones que deben proteger el derecho a la educación.
El Imparcial de Oaxaca señala que el mismo cargo aparece de manera recurrente entre los beneficiarios, lo que sugiere un patrón más que casos aislados. Esto exige respuestas claras del Ieepo y de los órganos de fiscalización: transparencia sobre las contrataciones, lista pública de plazas y beneficiarios, y auditorías que expliquen si los servicios contratados se entregaron y con qué resultados.
Desde una perspectiva ciudadana, la solución no es sólo señalar irregularidades, sino pedir mecanismos que las eviten. Auditorías públicas, comités de vigilancia comunitaria en programas culturales y educativos, y reglas claras para la asignación de plazas administrativas pueden reducir el riesgo de uso político de recursos públicos.
En este momento, la información difundida por El Imparcial de Oaxaca plantea preguntas que deben contestarse con documentos y acciones: ¿quiénes ocuparon esas plazas?, ¿qué funciones desempeñaron realmente?, ¿qué criterios se usaron para su contratación? La ciudadanía y las organizaciones sociales pueden exigir esas respuestas y acompañar procesos de fiscalización.
El hallazgo también obliga a revisar el impacto en la política cultural y educativa local. Un cargo etiquetado como coordinador de proyectos culturales debería traducirse en actividades, audiencia y resultados medibles en las comunidades. Si esos recursos se desviaron, hay que restituirlos a programas que beneficien a estudiantes, artistas y promotores culturales.
En los próximos días esperaremos una versión oficial del Ieepo y de las personas señaladas. Mientras tanto, la invitación es a la vigilancia ciudadana: solicitar información pública, exigir auditorías y participar en la discusión sobre cómo queremos que se gestionen los recursos educativos y culturales en Oaxaca.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
