Cobros y cargos: Ieepo pagó a operadores vinculados a Montero-Quetu
Oaxaca. Registros de nómina y cargos públicos muestran un patrón recurrente: personas identificadas como «Coordinador de proyectos y servicios culturales» reciben un salario bruto de 17 mil 559 pesos al mes y, según documentos consultados por El Imparcial de Oaxaca, varios de esos cargos habrían sido ocupados por operadores políticos cercanos a Montero-Quetu.
Las cifras y nomenclaturas aparecen en listados administrativos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) que, de acuerdo con la revisión realizada por El Imparcial de Oaxaca, contienen asignaciones que no siempre coinciden con funciones académicas o culturales claramente justificadas. En varios expedientes, el mismo título aparece repetido para personas que, en la práctica, ejercían labores de coordinación política en distritos y municipios con intensidad electoral.
Este tipo de colocaciones plantea preguntas sobre el uso de recursos destinados a la educación pública: si plazas y sueldos se destinan a operadores políticos, se reduce el presupuesto disponible para materiales, programas pedagógicos y la formación docente. Para una comunidad escolar, esto se traduce en menos apoyos y en la percepción de que la administración de la educación se usa con fines partidarios.
Fuentes consultadas por El Imparcial de Oaxaca indican que la recurrencia del cargo y la coincidencia de nombres en nóminas sugieren una práctica sostenida en el tiempo. La afectación no es solo contable: padres de familia y maestros entrevistados señalan que, cuando plazas administrativas se usan para sumar operadores políticos, se debilita la transparencia y la confianza en la institución responsable de la educación en el estado.
El patrón descrito obliga a una investigación puntual y a medidas de rendición de cuentas. Auditorías administrativas, revisión de contratos y la difusión clara de las funciones y productos entregables por cada plaza son pasos mínimos para aclarar si hubo irregularidades o simplemente fallas en la gestión. La ciudadanía debe conocer si esos sueldos se pagaron por trabajo efectivo y verificable en favor de la educación.
En este contexto, es imprescindible que el Ieepo explique públicamente los criterios para la creación y asignación de esos cargos, y que las autoridades locales y estatales dispongan mecanismos de supervisión independientes. La transparencia no es un fin retórico: es la garantía de que el dinero público se usa para lo que fue destinado.
Esta investigación de El Imparcial de Oaxaca no busca condenar sin proceso, pero sí encender una luz sobre prácticas que afectan el derecho a una educación de calidad. La sociedad oaxaqueña merece respuestas claras y acciones que restauren la prioridad educativa: más recursos para las escuelas y menos para redes políticas.
Propuesta: que las autoridades competentes impulsen una auditoría externa y que se publiquen los informes de nómina y contrataciones con acceso ciudadano. Solo con información veraz y verificable podrá recuperarse la confianza en las instituciones educativas y garantizar que los sueldos públicos atiendan primero a las necesidades de los estudiantes y las y los docentes.
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