Supuesta nómina política en el IEEPO apunta a operadores de Montero-Quetu
Oaxaca. Denuncias periodísticas señalan que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) habría asignado plazas y sueldos a personas vinculadas a la estructura política de Montero-Quetu, entre ellas cargos con la denominación Coordinador de proyectos y servicios culturales con un salario bruto reportado de 17,559 pesos al mes, según información publicada por El Imparcial de Oaxaca.
El señalamiento, difundido por El Imparcial de Oaxaca, sostiene que esas plazas funcionarían como canales para sostener a operadores políticos fuera del esquema docente y administrativo tradicional. Los reportes citan registros de nómina y coincidencias en cargos y percepciones que, acusan quienes revelaron la información, no corresponden con funciones públicas claras ni con programas educativos vigentes.
Si lo anterior se confirma, el impacto es doble: por un lado representa el uso de recursos públicos destinados a la educación y la cultura en beneficio de redes políticas; por otro, erosiona la confianza de comunidades y trabajadores que ven prioridades públicas desplazadas hacia fines partidistas. En palabras sencillas, sería como destinar el presupuesto de una biblioteca para mantener la propaganda de un grupo político: la infraestructura social pierde frente a intereses privados.
Fuentes consultadas por este reportero indican que el cargo de «Coordinador de proyectos y servicios culturales» aparece de manera recurrente en listados de pago con referencias que, a su juicio, no se traducen en actividades verificables en escuelas o centros culturales. El salario bruto de 17,559 pesos mensuales aparece como constante en varios de esos registros, según la publicación de El Imparcial de Oaxaca.
Hasta el cierre de esta nota no hubo una postura oficial pública del IEEPO que aclarara la naturaleza de esas contrataciones ni explicó si se trata de plazas operativas, honorarios por servicios específicos o empleos con funciones administrativas genuinas. Asimismo, no se ha informado si los órganos de fiscalización del estado han abierto una investigación sobre estas observaciones.
Ante este escenario, defensores de la transparencia y organizaciones civiles han pedido que la Contraloría y los entes auditores revisen las nóminas y la justificación de las plazas. Los ciudadanos pueden exigir claridad: qué fondos se emplearon, quiénes son los beneficiarios y cuáles son los resultados concretos para la comunidad educativa.
Este asunto plantea preguntas concretas sobre la gestión pública en Oaxaca: ¿se están priorizando los recursos para la educación y la cultura o se usan para sostener redes políticas? ¿Qué mecanismos existen para garantizar que las plazas públicas respondan a necesidades verificables y no a acuerdos clientelares?
Como medio comprometido con la rendición de cuentas, seguiremos la ruta de la documentación y la verificación. Buscaremos la versión del IEEPO, la respuesta de quienes son señalados y el pronunciamiento de las autoridades fiscalizadoras para ofrecer a la ciudadanía información comprobable y útil. Mientras tanto, la ciudadanía tiene derecho a la transparencia y a que los recursos destinados a la educación rindan cuentas reales.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
