Denuncian que IEEPO pagó con salarios públicos a operadores de Montero-Quetu
Salario bruto de 17 mil 559 pesos al mes y el cargo de «Coordinador de proyectos y servicios culturales» aparecen de forma recurrente en la nómina, según investigación de El Imparcial de Oaxaca.
Una investigación periodística de El Imparcial de Oaxaca señala que plazas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) habrían sido utilizadas para sostener a personas que operan políticamente para la red conocida como Montero-Quetu. En varios registros de nómina, el sueldo bruto reportado es de 17,559 pesos mensuales y el puesto recurrente es el de coordinador de proyectos y servicios culturales.
Si se confirma, el uso de plazas con salarios públicos para labores partidistas implicaría que recursos destinados a la educación se desvían hacia fines políticos. Eso afecta no solo la transparencia administrativa sino también la disponibilidad de recursos para programas y servicios educativos en comunidades que ya enfrentan carencias.
El señalamiento llega en un contexto de demanda ciudadana por mayor fiscalización de los gastos públicos en el sector educativo. Desde la sociedad civil se reclama una revisión clara de las nóminas, la comprobación de las funciones reales de quienes aparecen en ellas y, en su caso, la restitución de recursos o la inhabilitación administrativa para quienes resulten responsables.
Hasta ahora no se ha difundido una respuesta formal del IEEPO que aclare si estos contratos corresponden a puestos reales de servicio público o si se trata de asignaciones con fines distintos a los previstos. Ante la gravedad de las acusaciones, expertos en transparencia recomiendan que la Auditoría Superior y la instancia local de control verifiquen la legalidad de los pagos y la congruencia entre funciones y percepciones.
Esta nota busca explicar lo que está en juego: cuando plazas y salarios se usan fuera de su objetivo, la educación pública pierde recursos y credibilidad. Ciudadanos y autoridades deben exigir cuentas claras para que el presupuesto escolar llegue a las aulas y no se convierta en nómina de campañas o redes políticas.
El seguimiento de este caso y las respuestas institucionales serán determinantes para saber si se trata de prácticas aisladas o de un esquema mayor que requiere sanciones y cambios en mecanismos de control.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca
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