Auditoría federal exige cuentas al instituto de educación pública de oaxaca por 20 millones; señalan aviadores y municipios
A la luz de una revisión de la ASF, deben aclararse presuntas plazas fantasma ligadas a la Sección 22 y pagos con responsabilidad municipal
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) aclaraciones por más de 20 millones de pesos correspondientes a ejercicios 2023 y 2024, informó El Imparcial de Oaxaca. El señalamiento incluye presuntas plazas de «aviadores» vinculadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 22, así como inconsistencias en relaciones con autoridades municipales.
En lenguaje llano: la auditoría detectó movimientos en la nómina y transferencias que no se explican con la documentación disponible, y pide que el IEEPO precise a quién se pagó, por qué concepto y qué controles se aplicaron. Para la comunidad escolar esto no es solo contabilidad; son recursos que van a salarios, materiales y al mantenimiento de escuelas.
El asunto tiene dos dimensiones. La técnica: la ASF reclama comprobación de gastos y documentación soportante. La social: cuando circulan señalamientos de plazas fantasma y pagos opacos, se erosiona la confianza entre docentes, padres y autoridades municipales que también participan en el manejo de recursos para educación comunitaria.
Miembros de organizaciones civiles y maestros consultados por la redacción expresan que, más allá del monto, lo importante es el mecanismo: transparencia en nóminas, acceso público a las erogaciones y sanciones si se confirma uso indebido de recursos. En Oaxaca, donde la relación entre sindicatos, autoridades locales y aparato educativo es compleja, estas exigencias de la ASF prenden focos de alerta.
El Imparcial de Oaxaca documenta que la investigación señala irregularidades en la contratación y en pagos realizados a personas que no habrían prestado servicio efectivo. Fuentes consultadas explican que, en algunos casos, el vínculo corresponde a convenios entre municipios y la dependencia educativa, lo que añade otra capa de responsabilidad a autoridades locales.
Qué está en juego: cuando hay dudas sobre 20 millones de pesos puede parecer una cifra técnica, pero equivale a servicios, libros y sueldos que afectan el día a día de escuelas rurales y urbanas. La falta de claridad repercute en la calidad educativa y en la percepción de que los recursos públicos no se destinan a los fines debidos.
Las preguntas que la ciudadanía debe seguir planteando son claras. ¿Qué respuesta dará el IEEPO a la ASF? ¿Se abrirá una investigación administrativa o penal si se confirma un agravio? ¿Qué medidas inmediatas se tomarán para garantizar que las plazas estén realmente ocupadas por quienes trabajan en las aulas? La transparencia no es un lujo, es la base para que la educación pública cumpla su función social.
Por su parte, voces comprometidas con la educación pública proponen medidas concretas: publicar nóminas verificadas, establecer contraloría social en las comunidades educativas y revisar convenios con municipios para evitar solapamientos que permitan irregularidades. Son acciones que fortalecen la rendición de cuentas y devuelven certeza a las familias.
La historia sigue. La ASF ya puso la lupa y El Imparcial de Oaxaca ha aportado detalles; ahora corresponde al IEEPO, a la autoridad estatal y, en su caso, a las instancias judiciales, dar explicaciones claras y oportunas. La ciudadanía, las maestras y los maestros merecen respuestas que se traduzcan en mejor administración y más recursos reales para las aulas.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca y reportes de la Auditoría Superior de la Federación.
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