Auditoría reclama al IEEPO más de 20 millones; S-22 y municipios en la mira
La ASF pide aclaraciones sobre recursos de 2023 y 2024 y señala posibles “aviadores”; el instituto asegura que responderá con documentos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso en aprietos las finanzas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) al reclamar más de 20 millones de pesos correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024. Según reporta El Imparcial de Oaxaca, la observación incluye solicitudes de aclaración sobre pagos que podrían corresponder a presuntos “aviadores” vinculados a la Sección 22 del magisterio y a autoridades municipales.
En términos sencillos: la ASF encontró movimientos y erogaciones que no quedan debidamente justificados en la documentación entregada por el IEEPO, y exige pruebas y aclaraciones para determinar si esos recursos se usaron correctamente o si deben reintegrarse al erario. El monto no es pequeño para un sistema educativo con muchas carencias: significa menos dinero disponible para libros, mantenimiento escolar y programas de apoyo a estudiantes en zonas rurales.
Autoridades del IEEPO, citadas por El Imparcial de Oaxaca, han afirmado que prepararán la documentación requerida y que están colaborando con la revisión. En el otro lado, miembros de la Sección 22 niegan irregularidades masivas y piden que cualquier investigación sea transparente y no afecte el salario ni la operatividad en las aulas.
¿Qué implica esto para la comunidad educativa? Primero, un proceso de auditoría puede derivar en la devolución de recursos o en sanciones administrativas si se confirman inconsistencias. Segundo, la atención pública sobre posibles “aviadores” —personas que cobran sin trabajar o figuran en nóminas irregulares— golpea la confianza entre autoridades, maestros y familias. Por último, mientras se resuelve el asunto, existe el riesgo de que proyectos o compras se detengan por falta de liquidez o por controles más estrictos.
Es importante recordar que una observación de la ASF no es, por sí sola, una condena. La Auditoría solicita documentos y explicaciones; corresponde al IEEPO, y en su caso a otras instancias, demostrar el uso correcto de los recursos o asumir responsabilidades. El proceso puede incluir auditorías adicionales, plazos para aclaración y, si se confirman faltas, sanciones administrativas o fiscales.
Desde una perspectiva ciudadana y de política pública, esto pone en evidencia la necesidad de mecanismos claros de transparencia en las nóminas y en la entrega de recursos a municipios. Cuando las cuentas no están claras, quien pierde es la educación pública: menos clases, peor infraestructura y programas incompletos.
En estos momentos conviene que la ciudadanía exija claridad y que las autoridades faciliten información verificable. Padres de familia y docentes tienen derecho a saber si los fondos destinados a las escuelas llegan efectivamente a su destino. La prensa, como El Imparcial de Oaxaca, seguirá reportando el avance del caso y la respuesta formal del IEEPO ante la ASF.
Lo que sigue: la ASF dará plazos para la aclaración y el IEEPO tendrá que presentar documentación soporte. Si hay reintegros o sanciones, las autoridades educativas deberán explicar cómo se compensará cualquier afectación a la operación escolar. Mientras tanto, la vigilancia social y la exigencia de transparencia son claves para que la investigación no termine en papeles, sino en soluciones que protejan la educación en Oaxaca.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
