Oaxaca en revisiones: sanciones y retos de la Secretaría de Honestidad
Por Misael Sánchez
La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública presentó un balance sobre las fiscalizaciones y sanciones aplicadas en Oaxaca durante 2026, y lo anunció como un avance en el control de los recursos públicos. Leticia Elsa Reyes López, titular de la dependencia, explicó que el trabajo de control interno ha permitido avanzar en la detección de irregularidades y en la imposición de medidas administrativas contra servidores públicos.
Según la Secretaría, las acciones de fiscalización se centraron en municipios, obras públicas y programas sociales. Estas revisiones derivaron en sanciones administrativas que van desde multas hasta inhabilitaciones temporales, además de recomendaciones para mejorar procesos de contratación y gestión. La dependencia describe estas medidas como un paso para recuperar confianza ciudadana y garantizar que el dinero público llegue a servicios como salud, educación y agua potable.
Para la población esto se traduce en dos lecturas claras. La primera, positiva: una mayor vigilancia potencialmente reduce el desperdicio de recursos y mejora la entrega de servicios básicos. La segunda, realista: la Secretaría reconoce que las auditorías y sanciones no son una cura inmediata. Persisten rezagos en supervisión municipal, obstáculos administrativos y la necesidad de fortalecer capacidades técnicas en muchas localidades.
Leticia Elsa Reyes López señaló que la estrategia combina auditorías, denuncias administrativas y trabajo coordinado con contralorías municipales. También llamó a que la ciudadanía participe activamente, presente quejas fundamentadas y exija transparencia en las obras y programas locales. La Secretaría enfatizó que sin la participación de la sociedad civil no será posible cerrar todas las brechas de opacidad.
Expertos y activistas consultedos por este medio coincidieron en que las sanciones son necesarias pero insuficientes. Señalan que se requieren sistemas de prevención más robustos, capacitación a servidores públicos y mecanismos que faciliten el acceso a información en tiempo real para poblaciones rurales y indígenas. Desde organizaciones sociales se pidió que las sanciones incluyan procesos de reparación del daño y medidas que prioricen el bienestar comunitario.
El balance oficial también reconoce desafíos: procesos largos de auditoría, litigios que retrasan la aplicación de sanciones y la limitada capacidad operativa en algunas regiones del estado. Frente a esto, la Secretaría propone fortalecer la coordinación interinstitucional, modernizar sistemas de control y promover campañas de cultura cívica sobre el uso responsable de los recursos.
En la práctica, la diferencia la hará la implementación. Si las recomendaciones administrativas se traducen en contratos más claros, supervisión ciudadana real y un mejor seguimiento de obras, los efectos llegarán a calles, escuelas y centros de salud. Si no, las sanciones quedarán en anuncios y las mismas fallas regresarán al siguiente ciclo presupuestal.
La invitación final de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, expresada por Leticia Elsa Reyes López, es clara: las sanciones son parte del camino, pero la transparencia cotidiana depende también de la vigilancia de la gente. Para quienes viven en Oaxaca, eso significa informarse, exigir cuentas y participar en espacios locales de rendición de cuentas.
La nueva etapa de fiscalización abre una ventana para mejorar la gestión pública. Queda por ver si las medidas políticas y técnicas anunciadas se traducen en cambios tangibles en la vida diaria de las comunidades.
