Romero responde a informe internacional sobre desapariciones en Oaxaca
El Gobierno estatal insiste en su compromiso con las víctimas y la búsqueda, mientras organizaciones piden más transparencia y resultados.
El Gobierno de Oaxaca reiteró su compromiso con la atención a las víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas y el respeto a los derechos humanos, al precisar que en la entidad no existe una política de desaparición forzada y que las acciones gubernamentales están orientadas al acompañamiento, la verdad y la reparación. Así lo señaló Jesús Romero, secretario general del Gobierno de Oaxaca, en respuesta a un informe internacional que señala deficiencias en la atención a la problemática de las desapariciones.
En un comunicado oficial, el Gobierno de Oaxaca —fuente citada en esta nota— defendió las labores de las instituciones locales y el trabajo coordinado con la Comisión Nacional de Búsqueda y con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Romero destacó, según el documento, programas de búsqueda, atención psicológica y el uso de protocolos forenses para identificar restos encontrados en la entidad.
El informe internacional, elaborado por Amnistía Internacional, plantea preocupaciones sobre la respuesta institucional en varias entidades del país, incluida Oaxaca. La organización pide mayor transparencia, investigaciones independientes y garantías para evitar la repetición de violaciones a derechos humanos. Amnistía Internacional también demanda que las autoridades faciliten la participación de familias de víctimas y colectivos en los procesos de búsqueda e investigación.
Colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles consultadas por este diario valoran que exista una respuesta oficial, pero insisten en que las declaraciones no sustituyen a las acciones concretas. Exigen acceso a información forense, recursos para las brigadas de búsqueda y mecanismos que permitan verificar avances. Estas demandas coinciden con recomendaciones recurrentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Especialistas en políticas públicas consultados señalan que el desafío no es solo aumentar recursos, sino articular mejor a las instancias locales, federales y la sociedad civil. La existencia de protocolos y registros es un avance, dicen, pero su aplicación efectiva depende de capacitación, inventarios forenses claros y mesas de trabajo con familiares.
El Gobierno de Oaxaca anunció que promoverá espacios de diálogo con las organizaciones señaladas en el informe y con organismos internacionales para aclarar los puntos cuestionados. Romero convocó a la colaboración y afirmó que el objetivo prioritario es localizar a las personas desaparecidas y brindar justicia a sus familias.
Para la ciudadanía, la discusión tiene consecuencias concretas: de ella dependen recursos para búsqueda, la rapidez en las investigaciones y la certeza sobre los restos que aparecen. En ese sentido, especialistas y colectivos coinciden en que la participación ciudadana y la vigilancia independiente son herramientas indispensables para convertir compromisos en resultados.
Fuentes: Gobierno de Oaxaca, Amnistía Internacional, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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