Mantiene gobierno de Oaxaca atención permanente a las víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico
Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de enero de 2026. El gobernador Salomón Jara Cruz presentó un informe actualizado sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico que, hasta la fecha, mantiene a 11 personas hospitalizadas y registra 14 fallecimientos, informó el Gobierno de Oaxaca.
En su reporte, el Ejecutivo estatal detalló que la atención médica y el apoyo a las familias son prioridad: se mantienen camas disponibles en hospitales de la capital, se otorgó acompañamiento psicológico a los sobrevivientes y se dispuso apoyo administrativo para los trámites funerarios y de repatriación de cuerpos. Según el gobierno, también se entregaron recursos de emergencia a familiares para gastos inmediatos.
Las autoridades señalaron que peritajes técnicos continúan para aclarar las causas del accidente. La Fiscalía General del Estado coordina las investigaciones con instancias federales, mientras que la Secretaría de Salud y Protección Civil de Oaxaca permanecen en alerta para atender cualquier eventualidad. El gobernador Jara Cruz subrayó que no se normalizará la operación del servicio hasta tener resultados claros y medidas de seguridad comprobables.
En la zona del siniestro, familiares y vecinos pidieron celeridad en las investigaciones y transparencia en la información. “Queremos respuestas y que se asegure que esto no vuelva a pasar”, dijo una familiar que prefirió reservar su nombre y que se mantiene en comunicación con las autoridades, según relataron medios locales y versiones recogidas por el Gobierno de Oaxaca.
Este accidente vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la seguridad en la infraestructura ferroviaria y los protocolos de emergencia. Para muchas familias, los apoyos inmediatos son un alivio, pero la exigencia es clara: justicia, reparación y medidas concretas que garanticen la integridad de las y los usuarios.
El Gobierno de Oaxaca anunció que en los próximos días presentará una mesa de trabajo con representantes de víctimas, autoridades locales y federales para seguir el caso de manera permanente y establecer un plan de reparación integral. La ciudadanía y las organizaciones civiles han mostrado interés en participar y vigilar los avances.
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