Cómo las cifras de género están cambiando políticas y la vida cotidiana
Especialistas de América Latina y el Caribe se reunieron en el XXVII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género para debatir un punto sencillo y potente: sin datos claros no es posible diseñar políticas que transformen la vida diaria de las personas. El encuentro, que congregó a investigadoras, funcionarias y representantes de organismos internacionales, puso el foco en dos ejes: fortalecer la medición del trabajo de cuidados y cerrar brechas en la información sobre violencia, empleo informal y poblaciones indígenas.
La frase más repetida fue práctica: “lo que no se mide, no se observa; lo que no se observa, no se prioriza”. Organizaciones como la CEPAL y ONU Mujeres, presentes en la cita, han señalado durante años que la falta de registros desagregados por sexo, edad, lugar de residencia y condición étnica dificulta atender problemas que afectan de manera desigual a mujeres y personas de diversidades sexuales.
En México, por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) del INEGI ha mostrado cuánto pesa el trabajo no remunerado en hogares y cómo limita la participación económica y el tiempo libre de las mujeres. Esa evidencia ha sido usada por gobiernos locales para repensar servicios como estancias infantiles y horarios de atención, y por organizaciones civiles para exigir presupuesto para políticas de cuidado. Según especialistas presentes en el encuentro, repetir estas encuestas con mayor alcance regional y mayor frecuencias permitirá diseñar acciones más precisas.
Otro campo donde los datos están moviendo decisiones es la violencia de género. Estadísticas más detalladas permiten identificar lugares con mayor concentración de denuncias, falta de servicios integrales para sobrevivientes y vacíos en la atención judicial. La información, explicaron representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la CEPAL, no solo describe el problema: permite financiar y evaluar programas —centros de atención, líneas telefónicas, formación de personal— para saber si realmente reducen daños.
Pero los avances no son automáticos. Los especialistas advirtieron sobre dos riesgos: la politización de las cifras y las brechas de cobertura. No todos los países y municipios cuentan con la capacidad técnica o los recursos para realizar encuestas de alta calidad. Además persisten zonas rurales y comunidades indígenas donde los instrumentos estándar no captan realidades culturales y laborales diferentes. Por eso el encuentro abogó por metodologías participativas y por alianzas entre institutos estadísticos nacionales, universidades y organizaciones comunitarias.
¿Qué puede esperar la gente en su región? Primero, más claridad sobre dónde se concentran las necesidades: horas de cuidado no remunerado, falta de guarderías, brechas salariales y sectores con mayor empleo informal. Segundo, decisiones presupuestales más informadas: recursos dirigidos a cuidado, transporte seguro para mujeres, formación y reconocimiento del trabajo del hogar. Tercero, mayor rendición de cuentas; cuando los datos se publican y se discuten públicamente, es más difícil que las autoridades desvíen prioridades.
Para que esas promesas se cumplan es clave la participación ciudadana. Pedir resultados concretos a las autoridades locales —por ejemplo, cronogramas de encuestas municipales, compromisos de inversión en servicios de cuidado o indicadores sobre atención a víctimas de violencia— ayuda a que las cifras no queden en presentaciones técnicas. Como recordó una investigadora de ONU Mujeres durante el encuentro, las estadísticas deben servir para cambiar realidades, no solo para llenar tablas.
El XXVII Encuentro reafirmó que las estadísticas de género son una herramienta de transformación social: permiten ver desigualdades ocultas y medir el impacto de políticas que apuntan a la igualdad y a una sociedad del cuidado. Las cifras por sí solas no resuelven, pero sin ellas muchas soluciones permanecen a oscuras. Si vives en una ciudad o en una comunidad rural, vigila qué datos publica tu instituto de estadísticas local —como el INEGI en México— y exige que se traduzcan en políticas concretas. Esa vigilancia es, al final, la manera más efectiva de convertir números en cambios reales.
