Cossío cuestiona capacidad de fiscalías para investigar el huachicol fiscal
Por [Tu nombre], Ciudad de México — El ministro en retiro José Ramón Cossío advirtió que el sistema judicial y las fiscalías no están listos para enfrentar lo que él llama el “huachicol fiscal”: esquemas de venta y comercialización de combustible fuera de los registros y sin el pago de impuestos. Según Cossío, los jueces no pueden iniciar investigaciones por iniciativa propia, y la pregunta central es si las fiscalías cuentan con la independencia y los recursos para perseguir a quienes tienen vínculos con el poder.
La crítica de Cossío, formulada en un foro público, apunta a un problema doble. Por un lado está la limitación procesal: en México la investigación corresponde principalmente a las fiscalías; los jueces entran cuando ya existe una carpeta de investigación y pruebas suficientes. Por otro, está la capacidad institucional: equipos forenses, peritos fiscales y unidades especializadas que requieren experiencia, tecnología y protección para perseguir delitos complejos que mezclan evasión fiscal, redes de distribución clandestina y, en ocasiones, la protección de actores con influencia.
El término “huachicol fiscal” ha ganado peso porque describe no solo el robo de combustible en ductos, sino también maniobras para comercializar combustible sin factura, con empresas fachada y servicios que evaden impuestos. El impacto se siente en la economía local: negocios formales compiten en desventaja, las arcas públicas dejan de percibir recursos y la seguridad pública se debilita cuando grupos criminales se insertan en cadenas de negocio.
Para Cossío —fuente de estas observaciones— el problema no se resuelve solo con discursos ni con operativos puntuales. Se requieren reformas prácticas: fortalecer a las fiscalías con más personal capacitado en delitos fiscales, mejorar la coordinación entre autoridades fiscales y ministeriales, y garantizar mecanismos de protección para investigadores que persigan a actores poderosos. Sin esas condiciones, dice, los procesos quedan a medias o no llegan a judicializarse.
Expertos en derecho y exfuncionarios consultados en otros foros coinciden en buena medida: investigar operaciones complejas exige contadores forenses, acceso a registros bancarios y aduaneros, y la capacidad de seguir cadenas de propiedad que a menudo se ocultan detrás de empresas pantalla. Además, la transparencia y la fiscalización ciudadana son herramientas clave para detectar irregularidades antes de que escalen.
¿Qué significa esto para la gente? En lo inmediato, menos recursos públicos para servicios como salud, educación o infraestructura. En lo cotidiano, comercios formales ven erosionada su competitividad frente a prácticas ilegales. Y en lo institucional, preocupa la sensación de impunidad cuando casos ligados a intereses poderosos no avanzan.
Las propuestas que asoman son claras: inversión en fiscalías estatales y federales, creación de unidades especializadas en delitos fiscales, mejores mecanismos de intercambio de información entre autoridades y avances en transparencia empresarial para cerrar espacios a las compañías fachada. También, promover la participación ciudadana: denunciar irregularidades fiscales, exigir rendición de cuentas y apoyar reformas que fortalezcan la capacidad investigadora del Estado.
El llamado de Cossío es, en ese sentido, un aviso de alarma y una invitación a la acción. Si las instituciones no se fortalecen, el huachicol fiscal seguirá siendo una sombra que erosiona recursos y confianza. La pregunta que queda abierta es si habrá voluntad política y técnica para cerrar esa brecha.
Fuente: declaraciones del ministro en retiro José Ramón Cossío.
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