Expediente del secuestro de «El Mayo» queda cerrado y Fiscalía niega acceso a documentos
Ciudad de México. A cinco años del hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cerró el expediente sobre el secuestro conocido como el de «El Mayo» y rechazó la entrega de los documentos solicitados por una petición de transparencia, informó la propia dependencia.
La solicitud pedía acceso a los documentos que la fiscal general, Ernestina Godoy, y otros funcionarios usaron o mencionaron en la conferencia de prensa del 8 de julio de 2026. Según la respuesta oficial de la Fiscalía, el material quedó reservado por «carácter de investigación» y el expediente fue cerrado, lo que impide su revisión pública.
El cierre del expediente y la negativa de información barren de un plumazo la posibilidad de que la sociedad y las familias conozcan los avances, pruebas y decisiones que llevaron a esa resolución administrativa. Para quienes han seguido el caso, cinco años sin acceso significa también cinco años sin certezas sobre quiénes fueron responsables, qué líneas de investigación se privilegiaron y si hubo resultados concretos en materia de justicia.
La negativa se sustenta en argumentaciones habituales de las autoridades: proteger la investigación, evitar afectar líneas probatorias o resguardar datos sensibles. Sin embargo, especialistas en transparencia y víctimas coinciden en que esas razones deben ponderarse frente al derecho a la verdad y a la rendición de cuentas. La opacidad no solo deja preguntas sin responder, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de investigar y sancionar delitos graves.
El caso reaparece en el debate público porque la conferencia del 8 de julio de 2026 fue pública y generó declaraciones de alto perfil. Por eso personas que solicitaron acceso consideraron pertinente revisar los documentos citados por la fiscal general; la respuesta de la Fiscalía, al declarar reserva y cerrar el expediente, frustró esa expectativa.
Qué sigue. La ley de transparencia permite impugnar las reservas ante el órgano competente; en la Ciudad de México, quien solicitó la información puede recurrir al Instituto de Transparencia local para pedir revocación de la reserva o presentar recursos administrativos. También queda abierta la vía de la exigencia pública: organizaciones civiles, familiares y periodistas pueden impulsar revisiones y solicitar que la Fiscalía explique, con mayor detalle público, las razones del cierre.
Este cierre plantea preguntas concretas para la ciudadanía: ¿qué supuso el cierre del expediente en términos de posibles procesamientos o del esclarecimiento del hecho? ¿Qué información se consideró sensible y por qué? ¿Cuáles son los mecanismos reales para que las familias accedan a la verdad cuando una causa se reserva?
En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, el procedimiento seguido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abre un debate sobre equilibrio entre seguridad de las indagatorias y el derecho a la información. La transparencia no es solo un principio técnico: es una herramienta para que las víctimas sepan si las instituciones trabajaron por justicia y para que la sociedad evalúe la actuación pública.
Seguiremos pidiendo respuestas y consultando a la Fiscalía y al Instituto de Transparencia para documentar los pasos siguientes en este caso y ofrecer a la ciudadanía la información que le corresponde.
Fuente: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (respuesta a solicitud de información sobre la conferencia del 8 de julio de 2026).
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