Exrector de la uaem queda en libertad tras fallo que niega existencia de estructura criminal
La resolución judicial determinó que no se acreditó la participación del exrector en los hechos imputados vinculados a la llamada Estafa Maestra, lo que reaviva el debate sobre rendición de cuentas y fiscalización.
Un juez federal ordenó la libertad del exrector de la universidad estatal de Morelos tras considerar que en el proceso no quedó acreditada la existencia de una estructura criminal ni su participación en los presuntos desvíos relacionados con la llamada Estafa Maestra, según la resolución consultada por este diario. La decisión fue comunicada por la defensa del acusado y confirmada por fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
La Estafa Maestra, un esquema documentado en investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), implicó la subcontratación de servicios a través de universidades públicas y empresas interpuestas. En su pronunciamiento, la ASF señaló irregularidades en varios contratos; sin embargo, el juez concluyó que, en este expediente en particular, no se alcanzó el estándar probatorio requerido para sostener las imputaciones contra el exrector.
La defensa celebró la resolución como un triunfo judicial y pidió que se restituya la reputación académica del exrector. En contraste, organizaciones civiles por la transparencia y sectores de la sociedad expresaron preocupación: la absolución parcial o la salida libre de un acusado no borra los hallazgos de la ASF ni las dudas sobre prácticas de compras públicas que afectan al erario.
Funcionarios de la UAEM dijeron a este periódico que la institución refrenda su compromiso con la transparencia y que colaborará con las instancias que lo soliciten. Por su parte, la Fiscalía informó que estudiará la resolución para determinar los pasos legales siguientes.
Más allá del caso individual, el fallo pone el foco en dos cuestiones que la ciudadanía enfrenta cotidianamente: la necesidad de que los procesos judiciales sean robustos y la urgencia de mejorar los mecanismos de control sobre recursos públicos. Cuando la administración y las universidades se entrecruzan con contratos millonarios, el riesgo para servicios como educación y salud se traduce en menos recursos para alumnos y comunidades, una metáfora clara de cómo la opacidad puede socavar lo público.
Especialistas consultados por este medio insisten en reformas prácticas: fortalecer a la ASF, agilizar auditorías que lleguen a verdades contundentes y diseñar protocolos claros para la contratación en universidades. También piden proteger a denunciantes y garantizar que la justicia no dependa únicamente de tecnicismos procesales.
El caso seguirá generando debate. Para muchos, la resolución será leída como un triunfo jurídico; para otros, como una señal de que la vigilancia ciudadana y la presión por transparencia deben redoblarse. En todo caso, la pregunta que queda es la misma: ¿qué cambios concretos veremos para que fondos públicos gestionados por instituciones educativas no terminen en la incertidumbre ni en impunidad?
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