Comunidades piden a Semarnat cancelar la concesión de Minera Cuzcatlán
Colectivos y habitantes exigen que no se autorice una nueva Manifestación de Impacto Ambiental y reclaman el fin de la concesión otorgada a la empresa
Oaxaca — Este miércoles, el Frente No a la Minería volvió a poner sobre la mesa la demanda que mantiene a comunidades y organizaciones en pie de lucha: que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) niegue la nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de Minera Cuzcatlán y que se cancele su concesión en el estado.
Según informó El Imparcial de Oaxaca, el Frente sostuvo en un comunicado que la continuidad de la actividad minera ha afectado fuentes de agua, medios de vida rurales y la salud de pobladores, por lo que llamó a las autoridades federales a actuar con base en evidencias técnicas y en el interés público. Los integrantes del colectivo pidieron también que se realicen auditorías ambientales y sociales, y que se garantice la participación efectiva de las comunidades en cualquier decisión.
Minera Cuzcatlán, filial de una empresa canadiense, opera en la región desde hace años y ha provisto empleos, pero también ha acumulado denuncias por supuestos vertidos y afectaciones en cuencas locales. Organizaciones civiles y ejidatarios aseguran que esas afectaciones les han venido limitando el acceso a agua para uso doméstico y agrícola; la empresa, por su parte, ha defendido sus controles ambientales y ha señalado inversiones en mitigación.
La petición del Frente llega en un contexto en el que la revisión de permisos ambientales ha cobrado mayor atención pública. Semarnat tiene la responsabilidad de evaluar técnicamente cualquier MIA, pero para las comunidades esa evaluación no puede ser un trámite: piden transparencia, información accesible y el respeto al derecho a la consulta.
La discusión trasciende lo técnico y toca la vida cotidiana: si una mina contamina un río, el impacto lo sienten las familias que siembran, las niñas y niños que beben agua y las personas que dependen del campo para su sustento. Por eso los opositores apelan al interés colectivo y exigen que la decisión no privilegie solo intereses económicos.
En los próximos días, colectivos anunciaron acciones de visibilización y solicitaron reuniones con autoridades federales y estatales para presentar evidencias y testimonios. Expertos en derecho ambiental consultados por esta redacción advierten que el procedimiento administrativo para cancelar una concesión es complejo pero posible, siempre que exista documentación y fundamentos legales sólidos.
Esta es una discusión que afecta a toda la comunidad oaxaqueña: ¿cómo equilibrar la generación de empleos con la protección del agua, la salud y la agricultura? En ese balance, la transparencia, la participación social y la aplicación efectiva de la ley serán determinantes.
Redacción
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