El cerro declara territorio libre de minería tras aprobar estatuto comunal
En una asamblea agraria, la comunidad de El Cerro aprobó un estatuto comunal que prohíbe la exploración y extracción minera en su territorio, en una decisión que sus habitantes describen como una defensa de su agua, su salud y su forma de vida. Según Quadratín, la votación cerró filas alrededor de la decisión de vetar cualquier proyecto minero en la zona.
La medida —acordada por la asamblea de comuneros y comuneras— regula el uso de la tierra, establece normas sobre actividades productivas y prohíbe explícitamente la exploración y extracción de minerales. Para las y los vecinos, el estatuto es una herramienta para blindar el territorio frente a riesgos ambientales y a modelos de desarrollo que, dicen, no han dejado beneficios claros en otras regiones.
Habitantes consultados por Quadratín señalaron que la preocupación principal es el acceso al agua y la conservación de áreas agrícolas y sagradas. «No queremos que nos prometan empleo si el resultado es perder el agua y el cerro», dijeron en la asamblea, según el reporte.
Desde el punto de vista práctico, la comunidad busca inscribir el estatuto ante la autoridad agraria para darle mayor peso legal y notificar a instancias estatales y federales sobre la prohibición. Técnicos y representantes de la asamblea explicaron que el objetivo es combinar la autonomía local con vías jurídicas para defender el acuerdo si alguna empresa o concesión pretende operar en su territorio.
Este paso se enmarca en un debate más amplio: las comunidades agrarias en México han recurrido a sus ordenamientos internos para regular actividades en sus territorios, pero la convivencia entre el derecho comunal y las concesiones mineras federales puede derivar en conflictos legales. Analistas consultados por Quadratín advierten que, aunque el estatuto fortalece la posición comunitaria, podrían venir impugnaciones por parte de titulares de concesiones o solicitudes de permisos que pondrían a prueba esa normativa interna.
Para la gente de El Cerro, el estatuto es también una apuesta por la autonomía y la democracia comunitaria. Las asambleas, dicen, no son solo un mecanismo de decisión: son el tejido social que garantiza que las decisiones sobre el territorio se tomen colectivamente. En palabras sencillas, buscan que su cerro no se convierta en un negocio a costa de la salud y el patrimonio común.
Queda, sin embargo, un desafío práctico: traducir el acuerdo en acciones concretas de protección ambiental, vigilancia del territorio y capacidad de respuesta frente a posibles presiones externas. La comunidad anunció que impulsará mesas de trabajo, capacitación legal y alianzas con organizaciones civiles para fortalecer su defensa.
Esta decisión invita a una reflexión más amplia sobre cómo se diseñan las políticas públicas relacionadas con minería, desarrollo rural y consulta previa. Para que acuerdos como el de El Cerro sean sostenibles, se requieren mecanismos claros de interlocución entre comunidades, autoridades y empresas, así como garantías de que la consulta y la participación sean reales y vinculantes.
En suma, la aprobación del estatuto comunal en El Cerro, reportada por Quadratín, representa un avance en la búsqueda de control local sobre los recursos y el territorio. Es un paso concreto que celebra la comunidad, pero que también abre la discusión sobre los retos legales y políticos que traerá su implementación. La ciudadanía y las autoridades tendrán que observar de cerca cómo evoluciona este proceso y qué resultados deja en la vida cotidiana de quienes habitan el cerro.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por Oaxaca Quadratin