Una relación difundida públicamente señala a decenas de personas que presuntamente habrían recibido pagos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Entre los nombres aparecen personas identificadas por los denunciantes como operadores políticos, familiares y personajes cercanos a distintos grupos de Juchitán y del Istmo. La salida de Emilio Montero Pérez deja ahora una pregunta que requiere una respuesta documental: quiénes cobraban, cuánto recibían y qué funciones desempeñaban.
La gestión de Emilio Montero Pérez al frente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) enfrenta nuevos cuestionamientos tras la difusión de una lista de más de 60 personas que presuntamente habrían formado parte de la nómina del organismo, pero cuya actividad laboral y adscripción han sido puestas en duda.
La denuncia sostiene que entre los beneficiarios existirían personas vinculadas a la operación política regional, familiares y allegados de distintos personajes de Juchitán de Zaragoza y del Istmo de Tehuantepec, además de músicos, comunicadores, diseñadores, dirigentes y personas dedicadas públicamente a actividades que, al menos a primera vista, no permiten establecer qué funciones desempeñaban dentro del Instituto.
Los denunciantes aseguran además que algunas de estas personas habrían cobrado sin trabajar y que, en determinados casos, no contarían con título o cédula profesional. Ambos señalamientos requieren una comprobación individual y documental, pues la aparición de un nombre en una lista no acredita por sí misma la existencia de una irregularidad ni permite calificar automáticamente a una persona como “aviadora”.
Sin embargo, la magnitud de los señalamientos hace insuficiente cualquier deslinde general. La respuesta tendría que producirse mediante la apertura de los expedientes laborales, las adscripciones, los registros de asistencia, las funciones encomendadas y las remuneraciones percibidas durante el periodo correspondiente.
Más de 60 nombres señalados
La relación difundida incluye los siguientes nombres:
1. Elvis Guerra López.
2. José Fabián Guerra Mendoza.
3. Héctor Linares Vázquez.
4. Elizabeth de la Cruz Martínez.
5. Amable Queto Sánchez Altamirano.
6. Paulina López Sánchez.
7. Fátima Rafaeli López Martínez.
8. Ulises Gómez Regalado.
9. Araceli Celaya Sánchez.
10. Rolando Algarín Sánchez.
11. Joyse Antonio López.
12. Claudia Odilia Martínez Jiménez.
13. Alberto López Morales.
14. Rosa Elva Lagunas Martínez.
15. Andrés Rasgado Robles.
16. Gustavo Orozco López.
17. Rubén Ramírez Sánchez.
18. Luis Alberto Martínez Ruiz.
19. Monserrat Sales Nieves.
20. Michel Nicolás Manrique Ríos.
21. José Antonio López Sánchez.
22. Roberto Carlos Vera Ramírez.
23. Rocío López Reyes.
24. Nahomi Esmeralda Solís Cruz.
25. Nadeshad Sánchez Hernández.
26. Erika del Carmen Trinidad Matus.
27. Rocío Reyes López.
28. Pabel Montero López.
29. Edgar Ramírez Jiménez.
30. Diego Moisés Pérez de la Cruz.
31. Gabriela Sánchez Pineda.
32. María de los Ángeles López Martínez.
33. Marlene Matus Jiménez.
34. Jorge López Luis.
35. Anuar Blas Pineda.
36. María Alida Orozco Matus.
37. Ana María López Castillo.
38. Alberto Ramírez López.
39. Laura Francisca Matus González.
40. Luis Gerardo Matus González.
41. Sugey Luis Orozco.
42. Iván Orozco Díaz.
43. Arturo García Felipe.
44. Edgar Antonio Valencia.
45. Virgilio Guerra Regalado.
46. Rey David Cruz López.
47. Reyna Cruz López.
48. Aníbal Gallegos Santiago.
49. Jorge Ríos Gallegos.
50. José Alfredo Nicolás Vera.
51. Fernando Santos Villalobos.
52. Francisco Javier Esteva Guerra.
53. Zoila Gómez Cabrera.
54. Jesús Alberto Esteva Orozco.
55. Mayleth Martínez Machorro.
56. Carlos López López.
57. Yenisei Benítez Castillejos.
58. William Isidro Vázquez Cabrera.
59. María de Jesús Matus Sánchez.
60. Melva Jiménez Posada.
61. Rosa Elvia Jiménez López.
62. Aracely Celaya Sánchez.
La relación original presenta además aparentes duplicidades y variaciones en la escritura de algunos nombres, por lo que cualquier investigación formal deberá comenzar por identificar plenamente a cada persona y determinar si efectivamente mantuvo una relación laboral o contractual con el Instituto durante la administración de Montero Pérez.
El IEEPO tiene los documentos para aclararlo
El fondo del asunto no consiste únicamente en determinar si estos nombres aparecen o no en una nómina, sino en conocer qué contraprestación recibió el Estado a cambio del dinero público erogado.
Para cada persona señalada debería ser posible identificar el tipo de plaza o contratación, la fecha de ingreso, el centro de adscripción, el puesto desempeñado, el horario, las funciones asignadas, la remuneración bruta y neta y los registros que permitan acreditar la prestación efectiva del servicio.
La existencia formal de un nombramiento tampoco resolvería por sí misma los cuestionamientos, porque la acusación central consiste precisamente en que algunas personas habrían figurado administrativamente como trabajadores sin desempeñar realmente sus funciones. En esos casos sería necesario revisar controles de asistencia, informes, productos de trabajo, responsabilidades asignadas y cualquier otro elemento que permita comprobar la actividad desarrollada.
También debe investigarse otro señalamiento contenido en la denuncia: la presunta falta de título o cédula profesional de algunas personas. En aquellos puestos para los que la normativa exija una determinada cualificación profesional, corresponderá comprobar si los requisitos se cumplían en el momento de la contratación.
La otra cifra que falta: cuánto dinero recibieron
Una revisión de esta naturaleza no estaría completa sin establecer el impacto económico. Si alguna de las irregularidades denunciadas llegara a comprobarse, tendría que determinarse cuánto recibió cada persona, durante cuánto tiempo permaneció en nómina y qué cantidad acumulada fue pagada con recursos públicos.
La denuncia original habla de un quebranto millonario mensual, pero esa cifra no debe asumirse como acreditada mientras no se conozcan las percepciones individuales y los periodos de pago. Precisamente por ello resulta indispensable reconstruir la nómina y realizar la suma correspondiente a partir de documentos oficiales.
La cuestión adquiere una dimensión especialmente sensible porque se trata de recursos destinados al sistema educativo de Oaxaca. Cualquier pago efectuado sin una contraprestación laboral efectiva, de comprobarse, supondría que recursos públicos destinados a la educación fueron utilizados para una finalidad distinta.
La investigación tendría que llegar hasta quienes autorizaron las altas
Una eventual investigación tampoco debería limitarse a las personas que aparecen como beneficiarias de los pagos. La incorporación y permanencia de un trabajador en una nómina pública implica procedimientos administrativos y funcionarios responsables de tramitar altas, validar adscripciones, comprobar incidencias y autorizar remuneraciones.
Por ello, si se acredita la existencia de personas que cobraron sin desempeñar sus funciones, tendría que reconstruirse la cadena de responsabilidades para determinar quién autorizó cada incorporación, quién validó la documentación, quién certificó el cumplimiento laboral y qué servidores públicos permitieron que los pagos continuaran.
Ese aspecto resulta particularmente relevante en el caso de Emilio Montero Pérez. Su salida del IEEPO termina su gestión administrativa, pero no elimina la posibilidad de revisar las decisiones adoptadas durante el periodo en que estuvo al frente del organismo ni las responsabilidades que eventualmente pudieran derivarse de ellas.
Si las contrataciones fueron regulares y las personas señaladas desempeñaron efectivamente su trabajo, los propios expedientes deberían permitir acreditarlo. Si, por el contrario, una revisión detecta pagos sin prestación efectiva de servicios, corresponderá cuantificar el posible daño patrimonial y determinar las responsabilidades administrativas o legales que procedan.
Transparencia para pasar de los señalamientos a las pruebas
La legislación mexicana en materia de transparencia establece obligaciones respecto de la publicación de información relacionada con puestos y remuneraciones de los servidores públicos. A ello se suman las herramientas oficiales existentes para consultar información del personal educativo.
La controversia sobre la nómina del IEEPO puede, por tanto, abandonar rápidamente el terreno de las acusaciones políticas si las autoridades hacen pública la documentación necesaria. No se requiere un desmentido general, sino información verificable sobre cada uno de los casos señalados.
La investigación deberá establecer quién estaba contratado, cuál era su adscripción, qué trabajo realizaba, cuánto dinero recibió y quién autorizó su incorporación y permanencia en la nómina. Solo entonces podrá determinarse cuáles de los señalamientos tienen sustento y cuáles no.
La salida de Emilio Montero Pérez no debería cerrar esa revisión. Si durante su administración existió una estructura de pagos a personas que no trabajaban, como sostiene la denuncia, Oaxaca tiene derecho a conocer su dimensión completa, el monto de los recursos involucrados y la identidad de quienes hicieron posible el mecanismo.
La discusión ya no puede quedarse en una lista de nombres. El siguiente paso es abrir los expedientes y determinar, nombre por nombre y peso por peso, qué ocurrió con la nómina del IEEPO.
