-Una investigación del especialista Víctor Manuel Sánchez Valdés documenta presencia criminal en uno de cada cuatro municipios del estado. El CJNG se extiende por el Istmo y Papaloapan; Sinaloa, Beltrán Leyva y Caborca se disputan la Costa. La detención del alcalde de Juchitán abre una alerta todavía mayor: la posible penetración del crimen en los gobiernos municipales.
OAXACA.— El crimen organizado ha extendido su presencia sobre una cuarta parte de los municipios de Oaxaca.
Ya no se trata únicamente de rutas para el tráfico de drogas ni de células aisladas operando en puntos específicos. Una investigación del especialista en seguridad pública Víctor Manuel Sánchez Valdés documenta la presencia de 11 organizaciones criminales en 142 de los 570 municipios del estado.
El mapa muestra un territorio dividido en zonas de influencia, corredores estratégicos y municipios donde confluyen hasta cuatro organizaciones diferentes.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presenta la mayor extensión y domina el mapa criminal del Istmo de Tehuantepec y Papaloapan. En la Costa, en cambio, se superponen estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva y el Cártel de Caborca.
Y en Valles Centrales, donde se encuentra la capital del estado, los principales bloques coinciden sin que exista una organización claramente hegemónica.
La investigación fue realizada por Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), doctor por el CIDE y especialista en seguridad pública, y publicada por el autor en Animal Político.
El investigador advierte que la expansión se ha acelerado: desde 2020, Oaxaca pasó de registrar operaciones criminales en un número relativamente reducido de municipios a tener presencia documentada en alrededor del 25% de sus ayuntamientos.
El CJNG se apodera del corredor oriental
Ninguna organización tiene una extensión comparable a la del CJNG.
Sánchez Valdés documenta presencia del cártel en 86 municipios, principalmente en el Istmo, Papaloapan y parte de Valles Centrales.
La base que sustenta la investigación coloca bajo su radio de operación a municipios estratégicos como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, Matías Romero, San Blas Atempa, Tuxtepec, Loma Bonita y Oaxaca de Juárez.
El corredor que va desde Veracruz hacia el Istmo conecta zonas industriales, carreteras, ferrocarril y los dos océanos a través del proyecto del Corredor Interoceánico.
Sánchez Valdés señala que la expansión del CJNG hacia esta zona ocurrió paralelamente al desarrollo del proyecto y que células procedentes de Veracruz comenzaron a internarse en Oaxaca.
Esto no demuestra que el Corredor Interoceánico haya provocado la expansión criminal, pero sí coloca a una de las mayores inversiones estratégicas del país dentro de una región donde el cártel con mayor capacidad de expansión en México ha construido una extensa presencia territorial.
La Costa, territorio de disputa
Si el Istmo tiene un actor claramente predominante, la Costa presenta un escenario más fragmentado.
Ahí se superponen organizaciones vinculadas al Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva y el Cártel de Caborca.
La investigación contabiliza 54 municipios con presencia de estructuras relacionadas con los Beltrán Leyva, mientras la base consultada registra 35 asociados a la facción Mayiza del Cártel de Sinaloa y 11 al Cártel de Caborca.
También aparecen organizaciones de menor extensión territorial: Cártel de la Costa, Cheches, Chapiza, Epitacio, Los Rojos, Familia Michoacana y Los Carlitos.
Pero el dato más revelador no está únicamente en cuántos municipios alcanza cada organización.
Está en dónde se encuentran unas con otras.
Santa María Huatulco, uno de los principales destinos turísticos de Oaxaca, aparece relacionado en la base con cuatro estructuras criminales: CJNG, Beltrán Leyva, Sinaloa-Mayiza y Caborca.
Santiago Pinotepa Nacional también concentra referencias de cuatro grupos: Beltrán Leyva, Sinaloa-Mayiza, Caborca y Cheches.
San José Estancia Grande, San Juan Cacahuatepec, Santa María Cortijo, Santiago Llano Grande y Santo Domingo Armenta forman parte de esta franja donde las zonas de influencia se superponen.
El mapa deja así de ser únicamente una radiografía de presencia criminal y comienza a mostrar territorios potencialmente sujetos a disputa.
El crimen también rodea la capital
La penetración no termina en las regiones periféricas.
El área metropolitana de Oaxaca aparece dentro del mapa.
Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino registran referencias relacionadas con CJNG, Sinaloa-Mayiza y Cártel de la Costa.
San Antonio de la Cal, San Pablo Etla y otros municipios de Valles Centrales también aparecen asociados a distintas organizaciones.
Sánchez Valdés identifica precisamente esta región como una de las zonas de mayor riesgo porque, a diferencia de lo que ocurre en el Istmo, ningún bloque criminal parece haber conseguido una hegemonía clara.
La convivencia de organizaciones rivales puede traducirse en una disputa por mercados, corredores y control territorial.
Juchitán: cuando el mapa criminal alcanza al poder político
Pero el dato más grave puede no estar en el número de cárteles.
Está en su posible penetración en las instituciones municipales.
La reciente detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, ha puesto esa posibilidad en el centro de la discusión.
La Fiscalía de Oaxaca investiga sus presuntos vínculos con Los Cromos, una célula identificada por las autoridades como brazo operativo del CJNG en el Istmo.
Al alcalde se le imputan delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
Las acusaciones deberán probarse ante los tribunales y el edil conserva la presunción de inocencia.
Pero el caso adquiere una dimensión particularmente delicada porque Juchitán ya figuraba en el mapa de expansión criminal.
Los Cromos han sido relacionados con operaciones en Juchitán, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Matías Romero, precisamente algunos de los municipios estratégicos que conforman el eje económico y logístico del Istmo.
La pregunta deja entonces de ser únicamente en cuántos municipios operan los cárteles.
La pregunta es hasta dónde han conseguido penetrar las estructuras encargadas de gobernarlos.
Los municipios son el siguiente objetivo
El interés del crimen organizado por los ayuntamientos no es nuevo.
Sánchez Valdés ha estudiado académicamente la cooptación de gobiernos municipales y los incentivos que encuentran las organizaciones criminales para controlar o influir sobre las autoridades locales.
Un gobierno municipal puede proporcionar mucho más que protección.
Las policías locales conocen el territorio. Los ayuntamientos manejan información, permisos, contratos, obra pública y recursos. Sus autoridades mantienen relaciones directas con comerciantes, transportistas y comunidades.
Para una organización criminal, penetrar esas estructuras puede significar información sobre operativos, protección policial, capacidad de extorsión, acceso a recursos y mayor control sobre las economías locales.
Es la diferencia entre operar clandestinamente en un territorio y adquirir capacidad para condicionarlo.
Eso no significa que los gobiernos de los 142 municipios estén infiltrados.
No existe evidencia que permita sostenerlo.
Pero el caso de Juchitán obliga a mirar el mapa desde una perspectiva distinta: allí donde existe una presencia criminal consolidada, la protección institucional puede convertirse en el siguiente objetivo.
Uno de cada cuatro municipios
La magnitud del avance puede resumirse en una cifra:
142 municipios.
Uno de cada cuatro municipios de Oaxaca presenta evidencia hemerográfica de presencia de por lo menos una organización criminal, de acuerdo con la investigación de Sánchez Valdés.
Y algunos aparecen asociados a dos, tres e incluso cuatro estructuras.
La fotografía rompe además con la idea de que la violencia criminal de Oaxaca se encuentra confinada a unas cuantas regiones.
El CJNG se extiende desde el Istmo y Papaloapan hacia Valles Centrales y puntos de la Mixteca.
Sinaloa y las estructuras vinculadas con los Beltrán Leyva mantienen una fuerte presencia en la Costa.
Caborca comparte parte de ese territorio.
Y células regionales completan un mosaico que se vuelve cada vez más fragmentado.
El problema, además, no puede medirse exclusivamente contando homicidios.
Una organización puede consolidar actividades de extorsión, narcomenudeo, tráfico de personas, protección de mercados ilícitos o penetración institucional sin desencadenar inmediatamente una guerra abierta.
Por eso, una disminución de determinados delitos y una expansión de la presencia territorial del crimen organizado no son necesariamente fenómenos incompatibles.
Oaxaca frente a una expansión acelerada
El mapa elaborado por Sánchez Valdés no demuestra que 142 municipios estén controlados por los cárteles.
Pero sí documenta algo suficientemente grave: el crimen organizado ha conseguido establecer presencia en una cuarta parte de los municipios de Oaxaca y continúa expandiendo sus zonas de operación.
En el Istmo está en juego además uno de los principales corredores económicos del país.
En la Costa, varias organizaciones coinciden sobre los mismos municipios.
En Valles Centrales, los principales bloques se encuentran frente a frente.
Y en Juchitán, una investigación penal ha llevado el problema hasta la oficina del presidente municipal.
Oaxaca enfrenta así una nueva etapa.
El desafío ya no consiste únicamente en impedir que los cárteles utilicen su territorio como ruta de paso.
Consiste en evitar que conviertan corredores económicos en corredores criminales, municipios en territorios de disputa y gobiernos locales en estructuras al servicio de sus intereses.
La investigación de Víctor Manuel Sánchez Valdés deja una advertencia difícil de ignorar:
11 organizaciones criminales. 142 municipios. Una cuarta parte de Oaxaca.
Y un mapa que, desde 2020, no ha dejado de crecer.
Nota de atribución: La identificación territorial de organizaciones criminales utilizada en esta nota procede de la investigación de Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la UAdeC y especialista en seguridad pública, publicada originalmente por el autor en Animal Político. Sánchez Valdés reporta 142 municipios. La base de datos consultada contiene una discrepancia menor al arrojar 141 municipios únicos después de eliminar duplicidades. La presencia documentada de una organización en un municipio no equivale necesariamente a control territorial ni implica responsabilidad penal de sus autoridades o habitantes.
