Indagan en estados unidos presuntas empresas y contratos ligados a rocha moya y ‘los chapitos’
Las autoridades estadunidenses han ampliado y fortalecido una investigación que incluye nuevas líneas sobre empresas, contratos y presuntos vínculos con «Los Chapitos», informó el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga en Aristegui en Vivo. Según Arteaga, las indagatorias ya no se limitan a operaciones financieras tradicionales, sino que exploran la relación entre contrataciones públicas y estructuras empresariales vinculadas al crimen organizado.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aparece mencionado en el marco de estas pesquisas por posibles conexiones indirectas a través de contratos y compañías que habrían operado en la entidad. Fuentes consultadas por Arteaga señalan que la investigación busca determinar si hubo uso de contratos públicos como ruta para introducir recursos o favores hacia personas ligadas a la banda conocida como «Los Chapitos».
Esto no es un dato menor para la vida cotidiana de la gente en Sinaloa. Si las sospechas apuntan a irregularidades en la asignación de obras o servicios, el principal efecto es la erosión de recursos que deberían destinarse a salud, educación, infraestructura y seguridad. La confianza en las instituciones se fractura cuando contratos públicos sirven para beneficiar a intereses opacos en lugar de atender necesidades reales.
Hasta el momento no existe una acusación pública formal en Estados Unidos contra Rocha Moya, y el gobierno de Sinaloa no ha emitido una postura contundente sobre las revelaciones. En estos casos, los procesos transfronterizos requieren colaboración entre fiscales, transparencia sobre expedientes y acceso a la información para que la ciudadanía pueda evaluar resultados.
Periodismo y sociedad civil tienen un papel clave: exigir que las autoridades mexicanas y estadunidenses aclaren las líneas de investigación y publiquen las pruebas que permitan distinguir entre señalamientos y responsabilidades legales. Víctor Hugo Arteaga, a través de Aristegui en Vivo, ha puesto sobre la mesa elementos que deberán ser verificables y sometidos a proceso cuando corresponda.
En la próxima etapa, es imprescindible que las dependencias mexicanas competentes —fiscalía, órganos de control y autoridades de contratación pública— abran las carpetas necesarias y garanticen transparencia. La investigación no debe quedar en rumores; necesita documentos, audiencias y, si se comprueba, sanciones que recuperen recursos y restauren la confianza ciudadana.
La sociedad tiene derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos y a exigir claridad. Mientras las indagatorias en Estados Unidos continúan, la demanda por transparencia y rendición de cuentas en Sinaloa y el país se vuelve más urgente.
