Diputados obligan a renunciar a otra nacionalidad para aspirar a la Presidencia y gobernaturas
Quienes tengan otra ciudadanía deberán tramitar su renuncia antes de registrarse como candidatos, resolvió la Cámara de Diputados.
Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó esta semana una reforma que impone la renuncia expresa a cualquier otra nacionalidad como requisito para buscar la Presidencia de la República o una gubernatura. La medida, según consta en el dictamen consultado en la propia Cámara de Diputados, modifica los requisitos de elegibilidad para cargos ejecutivos en el país.
En la práctica, la reforma obliga a aspirantes con doble nacionalidad —comunitarios, hijos de migrantes, personas que obtuvieron otra ciudadanía por residencia o naturalización— a completar trámites ante autoridades extranjeras para perder esa otra calidad antes de contender. Para muchos, ese procedimiento es largo, con costos legales y consecuencias personales, como la pérdida de derechos en el país de la otra ciudadanía.
La decisión ahora pasa al Senado y, tratándose de un cambio constitucional, requerirá además la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. Fuentes de la Cámara de Diputados señalaron a este periódico que los promotores argumentan motivos de lealtad y seguridad nacional. Críticos, en voz de organizaciones civiles consultadas, advierten que la reforma puede discriminar a amplios sectores y limitar la participación política de la diáspora mexicana.
Impacto en la vida cotidiana
Imagina a una profesora que tiene nacionalidad estadounidense por haber vivido años en ese país, o a un empresario que obtuvo otra ciudadanía por trabajo: hoy podrían verse obligados a renunciar a derechos como la movilidad internacional o el acceso a servicios en el otro país para poder participar en elecciones locales. Esa renuncia puede implicar trámites consulares, pago de tasas y, en algunos casos, la imposibilidad de recuperar esa ciudadanía.
Posibles impugnaciones y preguntas abiertas
Expertos constitucionalistas consultados por este periódico estiman que la reforma podría enfrentar impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se considera que viola principios de igualdad o derechos políticos. Además quedan preguntas prácticas: ¿desde cuándo se entenderá efectiva la renuncia en el extranjero? ¿Qué plazos deberán observar los aspirantes? ¿Cómo verificará el Estado mexicano la pérdida de la otra nacionalidad?
Voces desde la sociedad
Organizaciones por los derechos de la ciudadanía y colectivos de migrantes han señalado a La Jornada que la medida afecta la representación y desconecta a la política nacional de quienes mantienen lazos permanentes con el exterior. Por su parte, legisladores promotores insisten en que es una forma de garantizar la lealtad a la Nación y la transparencia en el ejercicio de altos cargos.
La aprobación definitiva y los detalles de implementación serán clave para saber si la reforma cumple su objetivo sin fracturar la relación entre México y su población en el exterior. Mientras tanto, la medida abre un debate sobre ciudadanía, pertenencia y quiénes pueden decidir el rumbo del país.
Reporte basado en el dictamen de la Cámara de Diputados y en testimonios de organizaciones civiles recogidos por este periódico.
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