Diputada oaxaqueña rechaza escoltas y acusa encubrimiento de su agresor
Marta Araceli Cruz, legisladora local, rechazó la protección ofrecida por el Gobierno de Oaxaca y denunció que las autoridades protegen a quien la agredió; exigió investigaciones claras y garantías para las víctimas.
Marta Araceli Cruz anunció públicamente que no aceptará la seguridad estatal que le ofrecieron tras señalar que no confía “en quienes protegen a mi violentador”. La diputada, según reporta El Imparcial de Oaxaca, aseguró que las denuncias relacionadas con violencia contra las mujeres han sido tratadas con impunidad y que la protección que le propone el gobierno no le brinda seguridad real.
La decisión de Cruz pone sobre la mesa un problema que muchas sobrevivientes conocen de primera mano: la desconfianza en las instituciones encargadas de investigar y prevenir la violencia. Cuando la quien debería proteger también parece estar del lado del agresor, la oferta de escoltas o vigilancia se siente insuficiente y hasta contradictoria, dijo la legisladora en su mensaje público.
Organizaciones civiles y activistas han señalado durante años fallas en los procedimientos de atención a víctimas y en la investigación de delitos contra mujeres en Oaxaca. Expertos consultados por este periódico recuerdan que las medidas de protección deben acompañarse de investigaciones imparciales, protocolos claros y seguimiento efectivo para romper ciclos de revictimización.
Desde un enfoque ciudadano, la renuncia de una diputada a la seguridad estatal no es solo un acto personal: es una alerta sobre la percepción pública de la justicia y la eficacia de las políticas públicas. Si las autoridades ofrecen protección pero no garantizan investigaciones independientes ni sanciones firmes, la credibilidad del sistema se erosiona y más mujeres quedan en riesgo.
Qué piden las voces que acompañan a Cruz: primero, una investigación transparente sobre las denuncias que ella y otras personas han presentado; segundo, que las medidas de protección sean diseñadas y supervisadas por instancias independientes; y tercero, reformas para asegurar que las investigaciones no queden en trámite ni se obstaculicen por redes de poder.
La legisladora hizo un llamado explícito a las autoridades estatales para que actúen con diligencia y a la sociedad para que no minimice las denuncias de violencia. En un momento en que la exigencia por justicia y seguridad es creciente, la postura de Cruz podría empujar a las instituciones a revisar prácticas y protocolos.
El caso también plantea una pregunta ciudadana: ¿cómo confiar en quienes deberían protegernos cuando hay señales de encubrimiento? La respuesta requiere más que medidas simbólicas; exige transparencia, rendición de cuentas y participación social para transformar las políticas públicas en real protección.
El Imparcial de Oaxaca registró la declaración de la diputada y el rechazo público a la protección estatal. Desde aquí, como medio comprometido con la justicia y los derechos de las mujeres, pedimos a las autoridades competentes que informen con claridad sobre las acciones que tomarán y que las víctimas reciban atención integral y garantías reales de no repetición.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El Imparcial
