Oaxaca de Juárez, Oax.— El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, cuestionó desde Oaxaca la capacidad del actual sistema de justicia para responder a las necesidades de la población: de cada 100 asuntos que requieren algún mecanismo de atención, apenas uno consigue llegar hasta una sentencia.
De regreso en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), donde se formó como abogado, Aguilar Ortiz sostuvo que la situación obliga a mirar más allá de los tribunales y reconocer otras formas de resolver conflictos, entre ellas las que durante generaciones han construido los pueblos y comunidades indígenas.
El ministro presidente participó en la conmemoración del Bicentenario del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, antecedente de la UABJO, con la conferencia “Pluriculturalidad, Transformación y Estado de Bienestar: la UABJO, retos y perspectivas”.
Ahí expuso que 93 por ciento de los asuntos que requieren algún mecanismo de justicia no recibe acompañamiento de abogados, asesores, mediadores u otras figuras de asistencia jurídica. Sólo 7 por ciento consigue algún tipo de apoyo y alrededor de uno por ciento termina con una sentencia.
El problema, advirtió, no se resuelve únicamente haciendo que jueces y magistrados dicten más resoluciones. La mayor parte de las necesidades de justicia, de acuerdo con su diagnóstico, ni siquiera alcanza a ingresar al sistema jurisdiccional.
La discusión llevó al presidente de la Corte a poner sobre la mesa el caso de Oaxaca, donde las comunidades han mantenido mecanismos propios para solucionar controversias mediante asambleas, autoridades municipales, síndicos, consejos de ancianos y otras instituciones comunitarias.
Esas estructuras han intervenido históricamente en conflictos relacionados con tierras, sucesiones, problemas familiares y otros asuntos de la vida cotidiana, incluso antes de que el Estado reconociera plenamente la existencia de los sistemas normativos indígenas.
Aguilar Ortiz consideró que esta experiencia obliga a modificar la visión tradicional que colocaba al Estado como la única fuente del derecho.
Recordó que cuando estudiaba en la UABJO, durante la década de los noventa, todavía predominaba esa concepción en la formación jurídica. Sin embargo, la propia realidad oaxaqueña mostraba comunidades con normas, autoridades y procedimientos que funcionaban al margen de ese reconocimiento formal.
Uno de los ejemplos se encontraba en la elección de autoridades municipales.
Durante años, comunidades indígenas tomaban sus decisiones mediante asambleas y posteriormente tenían que buscar mecanismos para ajustarlas a las reglas electorales reconocidas por las instituciones del Estado. Con el tiempo, esa realidad abrió paso al reconocimiento jurídico de los sistemas normativos internos.
Para Aguilar Ortiz, ese proceso demuestra que el derecho no siempre transforma primero a la sociedad; en ocasiones es la realidad social la que termina obligando a cambiar las leyes.
Pone bajo revisión el modelo de Estado
El presidente de la Suprema Corte no limitó sus cuestionamientos al funcionamiento de los tribunales. Durante su intervención también abordó la representación política, la definición del interés público y la forma en que se ejerce el poder.
Sobre la representación popular, planteó revisar si quienes llegan a los congresos efectivamente expresan las necesidades de la población. La aparición de mecanismos como las consultas y el parlamento abierto, expuso, muestra la necesidad de incorporar otras vías de participación en las decisiones públicas.
También puso en discusión el concepto de “interés público” cuando éste se utiliza para justificar proyectos que afectan directamente a poblaciones y territorios.
En ese contexto mencionó las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro, obras que dejaron afectaciones y reclamos de comunidades por tierras e indemnizaciones.
El planteamiento de Aguilar apunta a que las decisiones gubernamentales que impactan a los pueblos no pueden sostenerse únicamente en la determinación unilateral de las autoridades, sino que requieren mecanismos efectivos de participación y consulta.
También cuestionó la visión patrimonialista de la función pública, cuando quienes llegan a un cargo terminan actuando como si fueran propietarios de las instituciones o de los recursos bajo su responsabilidad.
Oaxaca puede aportar otro modelo
En su regreso a la UABJO, Aguilar Ortiz colocó a Oaxaca como uno de los espacios desde donde podría surgir una nueva discusión sobre el futuro del sistema jurídico mexicano.
El argumento parte de una característica particular del estado: además de las instituciones formales existen comunidades que conservan sistemas de organización, autoridades y normas propias que han permitido resolver conflictos y regular su vida interna.
Desde esa perspectiva, el pluralismo jurídico implicaría dejar de considerar esas formas de justicia como excepciones frente al sistema oficial y reconocerlas como parte de una realidad jurídica diversa.
Aguilar Ortiz sostuvo que la experiencia oaxaqueña puede contribuir incluso a la construcción de un nuevo pensamiento jurídico, social y económico, precisamente porque conserva instituciones comunitarias que han sobrevivido y evolucionado junto al derecho estatal.
Regresa a la universidad donde estudió Derecho
La participación tuvo también un componente personal para el ministro presidente.
Aguilar Ortiz regresó como titular de la Suprema Corte a la universidad donde cursó sus estudios de Derecho, ahora en el contexto de los 200 años del Instituto de Ciencias y Artes del Estado.
La institución, fundada dos siglos atrás, fue uno de los principales centros de formación intelectual de Oaxaca y tuvo entre sus estudiantes a Benito Juárez.
Frente a la comunidad universitaria, Aguilar reivindicó esa tradición, pero trasladó la discusión al presente: sostuvo que la UABJO tiene ahora el desafío de generar conocimiento jurídico que responda a la pluralidad cultural del estado y contribuya al reconocimiento de los derechos colectivos y de los sistemas normativos indígenas.
El mensaje dejó además una definición política sobre la ruta que Aguilar busca imprimir al debate judicial desde la presidencia de la Corte.
Si apenas una fracción de los conflictos llega a los tribunales y sólo alrededor de uno de cada 100 obtiene sentencia, sostuvo, la discusión sobre la justicia no puede quedarse dentro de los juzgados.
Desde su propia universidad y en el estado con mayor diversidad municipal del país, Aguilar Ortiz planteó mirar hacia las comunidades para encontrar parte de la respuesta.
