Comunidades exigen indagatoria por posible ilegalidad en presa Mujer Solteca
Denuncias recientes llevaron a notificar a la Comisión para la Cooperación Ambiental del T‑MEC; habitantes piden transparencia y protección del agua
En los últimos días, vecinos de la zona afectada por la presa Mujer Solteca presentaron una petición para que se investigue una posible conducta irregular en la construcción y operación de la obra, y la Comisión para la Cooperación Ambiental del T‑MEC (CCA) confirmó haber recibido la solicitud, informó El Imparcial de Oaxaca.
Las quejas, recabadas por la ciudadanía y organizaciones locales, apuntan a supuestas violaciones a la ley ambiental y a la falta de consulta a comunidades —incluidas agrupaciones ejidales e indígenas— que dependen del río y de las tierras de riego. Los denunciantes aseguran que no se entregaron información clave sobre el estudio de impacto ambiental ni sobre permisos federales que deberían garantizar la legalidad y la protección de ecosistemas y fuentes de agua.
Para quienes viven alrededor de la presa, la inquietud no es abstracta: hablan de pozos que bajan su nivel, parcelas con menor productividad y riesgos para la fauna local. «Aquí el agua es vida y trabajo; si hay algo hecho a medias queremos saberlo», dice uno de los representantes de la comunidad, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias.
La intervención de la CCA —órgano binacional y trinacional creado por el T‑MEC para atender quejas ciudadanas sobre el cumplimiento de obligaciones ambientales— implica que la petición podría activar una revisión internacional que solicite información a autoridades mexicanas como SEMARNAT y CONAGUA. La notificación de recepción no equivale a una resolución; es, en palabras sencillas, el primer paso administrativo para esclarecer si procede una investigación más profunda.
Ante la solicitud de aclaraciones, fuentes consultadas por este medio indican que algunas dependencias aún no han emitido postura pública o están recabando documentación. Los pobladores exigen acceso a esos documentos y la participación de observadores independientes durante el proceso.
El caso plantea preguntas sobre equilibrio entre proyectos de infraestructura y derechos comunitarios. Una presa puede ser como una noria: ayuda a regar y generar bienestar si funciona con reglas claras; se vuelve un problema cuando opera sin transparencia y deja a la gente sin agua. Por eso, especialistas y activistas reclaman que las autoridades expliquen con datos, no con promesas vagas, cómo se otorgaron permisos y qué medidas de mitigación existen.
¿Qué sigue? La CCA podría solicitar información, recomendar medidas provisionales o, en su caso, abrir una investigación más amplia. En lo inmediato, las comunidades piden auditorías, la publicación de los estudios ambientales y consultas públicas reales. También buscan acompañamiento técnico para evaluar daños y alternativas de reparación.
Este medio seguirá el caso y documentará las respuestas de las autoridades y las demandas de la gente afectada. La pelea por el agua en la región no es solo técnica: es una discusión sobre quién decide y cómo se protege el derecho a un entorno sano para las próximas generaciones.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca
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