Ilustración generada con IA
Este fin de semana, los titulares traen a la luz una realidad persistente y dolorosa en Oaxaca: la persecución de quienes defienden nuestros ríos y territorios. El caso del río Xangá Ndá Ge, reportado por La Jornada, es sólo el más reciente recordatorio de la vulnerabilidad de las comunidades y activistas frente a intereses que buscan apropiarse de bienes naturales.
No es la primera vez que en Oaxaca las y los defensores comunitarios enfrentan amenazas, criminalización y ataques por alzar la voz contra proyectos que afectan sus entornos y, sobre todo, sus modos de vida. La defensa del río Xangá Ndá Ge, además de ser una causa ambiental, refleja la resistencia contra el despojo y la imposición desde fuera, muchas veces con el silencio o complicidad de autoridades.
El río como centro de vida
Los ríos en Oaxaca no son sólo cuerpos de agua: son columnas vertebrales de los pueblos, fuentes de sustento, historia y cultura. Cuando una comunidad defiende un río, defiende todo su sistema de vida. Por eso, la criminalización de quienes protegen el Xangá Ndá Ge es alarmante, y debería serlo también para quienes vivimos en otras regiones del estado.
Es imposible ignorar que Oaxaca ha sido escenario de múltiples conflictos ambientales, donde las voces comunitarias suelen ser las menos escuchadas, y las presiones externas son cada vez más fuertes, sea por extractivismo, privatización o megaproyectos. La ecuación casi siempre se repite: comunidades que se organizan, defensores y defensoras que reciben amenazas, campañas de desprestigio y, en casos extremos, agresiones directas.
¿Quién defiende a las defensoras?
La Jornada relata el caso de personas perseguidas por defender el Xangá Ndá Ge. El hecho debería encender alarmas en los tres niveles de gobierno. La protección a defensores ambientales no puede quedarse en discursos: requiere acciones urgentes, desde investigaciones efectivas hasta la garantía de que las protestas y resistencias no serán criminalizadas.
Me parece preocupante que Oaxaca siga cargando con esta deuda histórica hacia quienes ponen el cuerpo para cuidar lo que es de todos. El Estado debe garantizar el derecho a la defensa del territorio y a la protesta, sin que eso implique arriesgar la vida, la libertad o la integridad.
Reflexión desde las ocho regiones
Desde la Cuenca hasta el Istmo, desde la Mixteca hasta la Costa, la defensa del agua y el territorio es un denominador común en la lucha de los pueblos originarios. El caso del río Xangá Ndá Ge ejemplifica una batalla que se replica en otras partes del estado. Si no somos capaces de reconocer y proteger a quienes defienden el bien común, ¿qué nos espera en el futuro?
Oaxaca necesita políticas públicas que reconozcan la centralidad de sus ríos y territorios en la vida de las comunidades. Pero, sobre todo, necesita voluntad política para poner un alto a la criminalización y persecución de sus defensores ambientales. Lo que está en juego no es sólo el agua: es la dignidad y el derecho de los pueblos a decidir sobre sus recursos y su futuro.
Hoy, como ciudadana y columnista, me sumo a la exigencia de justicia y protección para quienes resisten desde las orillas de nuestros ríos. La causa del Xangá Ndá Ge es también la causa de Oaxaca entera.
Itzel Matus · Ocho Regiones. Columna de opinión elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir de información publicada por otros medios.
