Dea y gobierno se atribuyen el crédito por el mayor decomiso de metanfetamina en Sinaloa
La disputa por el mérito del mayor aseguramiento de metanfetamina en territorio mexicano abrió una nueva grieta entre autoridades mexicanas y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) afirmó que los decomisos recientes en México, incluido el aseguramiento el viernes de más de 16 toneladas en Sinaloa, “no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de investigación” de esa agencia. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, atribuyó la operación al trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval, “fortalecida” con el intercambio de información con agencias estadunidenses.
La diferencia no es sólo de egos: habla de cómo se organizan y comunican las operaciones conjuntas, y de la percepción pública sobre la soberanía operativa en temas de seguridad. Que la DEA reconozca participación en investigaciones en México no es nuevo, pero sí llama la atención que una agencia extranjera afirme ser indispensable para que un decomiso de esa magnitud se concrete.
Para comunidades en Sinaloa y otras entidades afectadas por la violencia ligada al narcotráfico, los números —toneladas de droga fuera de circulación— pueden sonar a victoria. Sin embargo, especialistas en seguridad consultados por este periódico recuerdan que un gran decomiso no equivale automáticamente a menos violencia ni a una reducción sostenida del mercado de drogas. Las redes criminales suelen adaptarse: cuando se cierra una ruta, aparece otra; cuando se destruye un laboratorio, se reubican procesos de producción.
Además, hay preguntas prácticas que permanecen sin respuesta pública: ¿cómo se garantizó la cadena de custodia de la droga incautada? ¿Qué papel ejecutaron las autoridades mexicanas en la planificación y ejecución? ¿Habrá procesos judiciales que lleven a sentencias y no sólo a cifras en comunicados? La transparencia en estos puntos es clave para que la ciudadanía valore el impacto real de la operación.
La tensión entre atribuir mérito y reconocer colaboración bilateral también pone sobre la mesa la necesidad de protocolos claros para operaciones conjuntas, con respeto a la ley mexicana y control democrático. La cooperación internacional en materia de seguridad es necesaria, pero debe acompañarse de rendición de cuentas y coordinación que no deje a las instituciones locales en segundo plano.
Más allá de las acusaciones de autoría, el debate muestra que las respuestas al problema de las drogas requieren más que incautaciones espectaculares. Reducir la producción y el consumo pasa por políticas públicas integrales: prevención, tratamiento en salud, alternativas económicas para comunidades rurales, y mejora de instituciones de justicia y seguridad.
Mientras las autoridades continúan con las investigaciones y la Fiscalía corresponde con indagatorias, la sociedad exige claridad. La DEA y el gobierno mexicano deben explicar de forma transparente quién hizo qué, cómo se protege la evidencia y qué seguirá para asegurar que las detenciones se traduzcan en justicia. Sólo así los decomisos dejarán de ser una cifra para convertirse en un avance real para la seguridad y el bienestar de la población.
Información basada en comunicados de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por La Jornada
